Anticorrupción y Lava Jato: más allá de Brasil
Eduardo Salcedo-Albarán (Director, Fundación Vortex)
El 9 de junio de 2019, medios de comunicación revelaron conversaciones internas de los fiscales de la fuerza de tarea Lava Jato en Curitiba, y de los fiscales con el juez Moro, quien emitió algunas de las sentencias judiciales más impactantes en la reciente historia política de Brasil.
Además de conversaciones entre los fiscales y el juez, lo que contradice el principio de imparcialidad con que debe actuar el juez, las revelaciones parecen evidenciar el interés de los fiscales por disminuir el protagonismo político de Lula en las elecciones presidenciales de 2018; interés que obviamente excede su competencia de investigación.
Estas revelaciones han servido para cuestionar la legitimidad de las investigaciones y sentencias Lava Jato; cuestionamientos que ganan notable resonancia luego de que el juez Moro aceptara formar parte de la administración de Bolsonaro.
Las sentencias que en primera instancia emitió el entonces juez Moro pavimentaron los impedimentos de Lula para participar en las elecciones presidenciales de 2018; y posiblemente Bolsonaro fue el principal beneficiado electoral de estas decisiones judiciales. Por esto, la decisión de Moro de formar parte del gobierno de Bolsonaro pareciera encajar en una estrategia para neutralizar electoralmente a Lula.
Aunque Moro ya no actúa como juez, el hecho de que sea parte del gobierno de Bolsonaro sirve y servirá para interpretar con especial perspicacia las operación judicial Lava Jato en conjunto, y posiblemente las acciones anticorrupción, no sólo a futuro sino en retrospectiva. Las decisiones judiciales que afectaron a Lula y le impidieron participar en las elecciones presidenciales de 2018, seguramente serán interpretadas como causa de cualquier resultado negativo del gobierno Bolsonaro.
Por ejemplo, para muchos, sin Lava Jato, Lula no estaría en la cárcel, y Bolsonaro no sería presidente. Sin Lava Jato, la selva amazónica estaría hoy más protegida, y el principal líder político de Brasil no sería alguien que se jacta de una misoginia exagerada. Para muchos, en el marco de este razonamiento y de las revelaciones recientes, la pregunta acerca de quién fue corrupto pasa a ser tema secundario.
Sin embargo, la pregunta por quién fue corrupto, no debe desplazarse ante otras preguntas que también son importantes.
Las investigaciones y sentencias Lava Jato adelantadas en Brasil han permitido entender y enfrentar corrupción masiva en varios países de América Latina, en los que también han sido investigados y condenados algunos de los personajes más poderosos. La lista de funcionarios públicos y de empresarios investigados o condenados en América Latina, supera la extensión de este artículo. Sin embargo, a manera de ejemplo, las investigaciones Lava Jato en Perú han resultado en que los últimos cuatros presidentes estén bajo investigación, prisión preventiva, prófugos, o fallecidos; Alan García, una de las figuras políticas más importantes del Perú, se suicidó tras conocer el fallo de prisión preventiva en su contra, por las acusaciones de corrupción relacionadas con Lava Jato.
Las investigaciones Lava Jato, originadas en Brasil y hoy extendidas a América Latina, han permitido entender estructuras de corrupción tan extensas, variadas y complejas, que incluso ha sido necesario desarrollar nuevos marcos científicos y metodológicos para entenderlas. Lava Jato no ha sido otro caso típico de corrupción, sino un fenómenos tan complejo que se han necesitado nuevos conceptos para entenderlo.
Por ejemplo, luego de dos años de investigación académica, Humanitas360 y Fundación Vortex han tenido que introducir el concepto de “Macro-corrupción” para definir la extensión y complejidad de redes de corrupción Lava Jato, las cuales exceden conceptos previamente desarrollados en el derecho y en las ciencias sociales. Luego, desde mediados de 2019 sido necesario formalizar el concepto de “Súper-estructura de corrupción” para diferenciar el tamaño y complejidad de las redes que se conocían en 2017.
Las investigaciones judiciales Lava Jato también han evidenciado los límites técnicos e institucionales de los sistemas de justicia de cada país, los cuales han tenido que investigar corrupción transnacional más allá de sus jurisdicciones, de sus metodologías, y de sus capacidades.
Esto no quiere decir que todo vale para avanzar en las investigaciones y condenas Lava Jato en Brasil o en cualquier país de América Latina. En cada país, las acciones de fiscales o jueces que excedan los límites administrativos o legales de sus competencias, deben ser investigadas y sancionadas por las instancias correspondientes. Además, cualquier interpretación indebida o forzada de las pruebas judiciales, debe ser revisada y corregida por instancias superiores. Precisamente, teniendo esto en consideración, el ex presidente Lula ha presentado y seguramente presentará recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia, el cual está fuera de influencia de cualquier juez de primera instancia o fiscal de una fuerza de tarea.
En el caso específico del ex presidente Lula, los hechos que sirvieron de prueba para sustentar su condena no sólo fueron valorados por el juez Moro, sino por instancias adicionales que incluyen al Tribunal Superior de Justicia.
En general, los posibles actos de corrupción de funcionarios públicos y empresarios poderosos, por una parte, y los posibles actos indebidos de fiscales y jueces, por otra, son temas que requieren tratamiento diferenciado. Incluso cuando los cuestionamientos sobre fiscales y jueces afectan a las decisiones judiciales, deben intervenir instancias superiores y supra-nacionales, con facultad para corregir esas decisiones.
Es decir, exigir la debida conducta legal y ética a fiscales y jueces no es un tema secundario, sin embargo, la corrupción por parte de funcionarios públicos de alto perfil tampoco lo es. Ambas cuestiones son igualmente importantes para garantizar el Estado de Derecho.
Adicionalmente, debe considerarse que cuando fiscales y jueces enfrentan la corrupción que involucra a los más poderosos de un país, están sujetos a ataques y cuestionamientos fundados e infundados. En Colombia, por ejemplo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que durante la década pasada condenaron la cooptación masiva entre narco-paramilitares y funcionarios públicos, fueron objeto de persecución y amenazas contra ellos y sus familias, incluso por parte de funcionarios públicos que desde entidades del Estado querían mantener la situación de corrupción. En Guatemala, desde 2015 cuando renunció el ex presidente Otto Pérez Molina por investigaciones de corrupción, algunos críticos han acusado al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, de promover una agenda de izquierda, porque los principales investigados e involucrados en las redes de corrupción pertenecían a partidos de derecha tradicional; a la Comisión también se le ha acusado de propiciar una crisis económica en Guatemala, como resultado de investigaciones contra empresarios involucrados en corrupción.
Sin embargo, en Guatemala como en Brasil, la crisis económica no es culpa de quienes han investigado y sancionado la corrupción, sino de quienes adoptaron la corrupción como práctica común.
Por la corrupción de funcionarios públicos se ha facilitado el aumento de la actividad criminal en América Latina, convirtiéndola en una de las regiones más violentas del mundo. Estos mismos actos también han condenado la región al atraso económico, cultural y social, o incluso a tragedias humanitarias como en Venezuela o Centroamérica. Por lo tanto, la lucha contra la corrupción debe mantenerse como una condición indispensable para consolidar el Estado de Derecho en Brasil y en la región, y este objetivo no debe cambiar o desplazarse ante cuestionamientos puntuales a fiscales o jueces.