Hay momentos en la vida de una nación en que somos llamados a distinguir con claridad el combate al crimen de la explotación política del miedo. Este es uno de esos momentos…
La decisión del gobierno de los Estados Unidos de clasificar al PCC y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas fue anunciada pocos días después del encuentro del senador Flávio Bolsonaro con el presidente Donald Trump. Publicada en el diario oficial estadounidense el 5 de junio, la decisión puede afectar inversiones, empresas, operaciones financieras, relaciones comerciales y, sobre todo, el delicado equilibrio entre la cooperación internacional y el respeto a la soberanía de los países.
Un senador de la República y precandidato a la Presidencia, antes de aventurarse a precarizar la soberanía nacional, debería rendir cuentas al pueblo brasileño sobre sus propias elecciones y alianzas con notorios criminales defraudadores del sistema financiero nacional, como Daniel Vorcaro. El ciudadano y la ciudadana que pagan impuestos tienen el derecho de preguntar quiénes son aquellos que hoy se presentan como defensores del orden, mientras actúan para producir, en el exterior, decisiones capaces de generar consecuencias extremadamente negativas para Brasil.
No hay duda de que el PCC y el CV son organizaciones criminales violentas, responsables de un rastro de sufrimiento, miedo y muerte. Combatirlas es una obligación institucional y civilizatoria. Pero ¿cuál es la diferencia entre esas facciones que actúan en los territorios periféricos y aquellas formadas por funcionarios públicos y políticos cuya acción u omisión facilita prácticas criminales corrosivas de la institucionalidad republicana, como por ejemplo las famosas «rachadinhas», los desvíos de salarios en los despachos de las legislaturas estatales y federal?
El combate al crimen no puede transformarse en instrumento electoral. Sobre todo cuando esto parece invitar, de forma artificial, a la intervención de potencias económicas y militares en el país, con graves consecuencias para el proceso democrático. Una historia que Brasil y América Latina conocieron de cerca.
En ese debate, merece especial atención la posición del fiscal Lincoln Gakiya, el más respetado especialista brasileño en el enfrentamiento al crimen organizado y, por eso mismo, una de las personas más amenazadas por las facciones. Tras participar en reuniones con representantes del gobierno estadounidense, Gakiya afirmó que no hubo espacio para que Brasil presentara su interpretación sobre el concepto de terrorismo. Más importante aún: reiteró que el PCC y el CV no son organizaciones terroristas, porque el terrorismo presupone la práctica de actos de violencia orientados por objetivos políticos o ideológicos. Las facciones, por más brutales que sean, persiguen esencialmente objetivos económicos y de poder criminal.
Esta no es una discusión académica. Los conceptos jurídicos importan, y cuando son manipulados para atender intereses políticos inmediatos, las consecuencias pueden sobrepasar con creces las intenciones declaradas. La historia está repleta de ejemplos en que el miedo fue utilizado para justificar excepciones, ampliar poderes y debilitar garantías democráticas.
Lo que debería preocupar a cada brasileño no es solo la clasificación de las facciones. La pregunta más profunda es otra: ¿Quién gana cuando las cuestiones de seguridad pública dejan de ser tratadas como políticas de Estado y pasan a ser instrumentalizadas como armas de campaña?
Las democracias no son corroídas solo por organizaciones criminales que ocupan territorios periféricos y desafían al poder público. También pueden ser corroídas por líderes que estimulan la desconfianza en las instituciones, coquetean con soluciones de excepción y recurren a potencias extranjeras para influir en disputas internas.
La defensa de la soberanía nacional no es una bandera de derecha ni de izquierda. Es un compromiso con la democracia. Y la democracia, como sabemos, rara vez es destruida de una sola vez. Suele ser corroída poco a poco, por aquellos que afirman actuar en su defensa mientras debilitan sus cimientos.
Patrícia Villela Marino – Abogada y presidenta del Instituto Humanitas360, integró el Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria (2023-2025)
