Emprendedorismo y apoyo para los reclusos como herramientas para combatir la violencia

Ricardo Anderáos (Vicepresidente de Operaciones en Humanitas360)

Los motines en las cárceles, como los que ocurren en Manaos, no deberían solo preocuparnos desde lo humanitario. De hecho, representan una amenaza para la seguridad de cada uno de nosotros. Las paredes de las cárceles ya no nos separan de la criminalidad. Las prisiones violentas y sobrepobladas aumentan el deterioro de aquellos que viven tras las rejas, y se traslada a las calles en forma de crimen organizado. Privatizar las cárceles no parece ser la solución, ya que el centro que fue el escenario de las masacres de Manaos es gerenciado por una compañía privada. La situación es compleja y no puede resolverse con soluciones simplistas. Las iniciativas son soluciones concretas, como las APAC (acrónimo en portugués que significa Asociación para la Protección y Asistencia de Detenidos), y las cooperativas de reclusos que están surgiendo en todo el país pero carecen del apoyo de los gobiernos estatales responsables de las políticas de seguridad pública.

Endurecer las leyes y darle impunidad a la policía para que dispare a los sospechosos, como propone el ministro Sérgio Moro solo empeora la situación. Esto es lo que se ha practicado en Brasil por décadas, desde la ley de Delitos Violentos de 1990 hasta la ley de drogas de 2006. Como consecuencia, explotó la población carcelaria del país. En 1990, el país tenía 90 000 reclusos. Hoy en día, existen alrededor de 730 000 reclusos. El resultado es una epidemia de violencia que está tomando nuestras calles. Brasil tiene, actualmente, 60 000 homicidios por año, la tasa más alta del mundo. De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México, de las 50 ciudades más violentas del mundo, 15 se encuentran aquí, en Brasil. El número de personas asesinadas por la policía en el país aumentó de 3.300 en 2015 a 6.100 en 2018, de acuerdo con información del Foro de Segurdidad Pública de Brasil.

La relación entre la encarcelación masiva y el aumento de la violencia se comprueba con el hecho de que los grupos criminales se forman y se nutren dentro de las prisiones sobrepobladas, siendo posible extender su influencia más allá de los límites de la prisión. El Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital – PCC) surgió de la cárcel de Taubaté -una ciudad en las afueras del estado de San Pablo- meses después de la masacre de la cárcel de Carandirú en 1992. Los objetivos del grupo eran combatir los malos tratos y prevenir futuras masacres. Luego, el grupo criminal comenzó a apoyar a exreclusos fuera de la cárcel, utilizándolos para que llevaran a cabo actividades delictivas, ya que casi no existen oportunidades laborales para aquellos que cumplen su sentencia.

Formado en 2007, el grupo criminal “Familia del Norte” (Família do Norte – FDN), un agente clave en las masacres de Manaos, y el Comando Rojo (Comando Vermelho – CV) de Rio de Janeiro, creado en 1989, posee una historia similar. El origen de su poder dentro de las cárceles es el apoyo que le ofrecen a los reclusos, a la vista de los funcionarios judiciales y del personal de la cárcel que no siempre trabajan para apoyar la reinserción social de los reclusos. Por momentos son tratados como animales, por lo que los reclusos responden de manera más violenta. Como si esto fuera poco, casi el 40% de los 730 000 detenidos de Brasil todavía no tuvieron juicio. Se los conoce como “presos en prisión preventiva”.

Este “asunto de Estado inconstitucional”, como lo definió la Corte Suprema Federal se encuentra exacerbado por la política de drogas, razón principal de la encarcelación masiva, que cierra un círculo vicioso que hace que nuestras calles sean un espejo de la violencia carcelaria. De acuerdo con el Ministerio de Justicia, el 33% de los reclusos del país fueron acusados por delitos de tráficos de drogas de menor escala. Entre las mujeres, este número aumenta al 62%. Antes de la política de drogas de 2006, solo el 8,7% de las reclusas eran traficantes de drogas. Al no especificarse la cantidad de drogas que define qué se considera tráfico, la ley deja la decisión en manos de la policía militar. Los jóvenes blancos, de clase media, que viven en barrios adinerados, raramente son arrestados si se los encuentra con drogas. Los jóvenes negros, residentes de áreas más pobres son siempre detenidos, sin importar la cantidad de drogas que lleven.

Cuando llegan a la cárcel, los distribuidores de pequeña escala son obligados por los demás reclusos a unirse a un grupo criminal. Por lo tanto, cada nuevo recluso se convierte en otro soldado que la sociedad deja en manos de estas organizaciones. De acuerdo con las cifras oficiales del gobierno federal, Brasil gasta aproximadamente BRL$20 millones (USD$5.10 mil millones) por año para mantener las cárceles y a los prisioneros. Este dinero sale de nuestros impuestos y se convierte en un arma de reclutamiento de los grupos criminales. Sin embargo, existen iniciativas exitosas en este escenario catastrófico. Uno de las más antiguas es la metodología APAC (acrónimo en portugués que significa Asociación para la Protección y Asistencia de Detenidos), que crea cárceles sin oficiales de policía ni guardias. En estos establecimientos, los presos tienen las llaves de sus celdas y también son responsables de su propia reinserción social. Los pilares de esta metodología incluyen la participación directa de los familiares de los reclusos y la religión como elementos de apoyo para los individuos en el camino hacia la libertad. Creado en 1972 en la ciudad de São José dos Campos, San Pablo, por el abogado Mário Ottoboni, APAC tiene actualmente 50 establecimientos carcelarios en 5 estados (Minas Gerais, Maranhão, Paraná, Rondônia y Rio Grande do Norte), y alberga a 5000 reclusos.

La innovación más reciente en este sector fue creada hace cuatro años en una cárcel de mujeres en Belém, Pará, al norte de Brasil, por su directora Carmen Gomes. Para compensar el trabajo voluntario de las reclutas, registró una cooperativa que tiene a las detenidas como socias. De las 250 mujeres que forman parte de la cooperativa, ninguna de ellas fue detenida otra vez. Este hecho fue el que motivó al Instituto Humanitas360, donde trabajo, a desarrollar proyectos piloto en dos penitenciarias en Tremembé, San Pablo, con la aprobación de la Secretaría de Administración Carcelaria del estado de la gobernación Alckmin.

En un año y medio de trabajo, H360 invirtió BRL$1 millón (alrededor de USD$258.000) de sus recursos en el proyecto. Las posibilidades de innovar en el espacio de las políticas de trabajo inclusivo despertaron el diálogo con el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), que creó una asociación con el instituto para llevar la experiencia a otros estados. El mes pasado, la Secretaría de Administración Carcelaria de Maranhão y el Tribunal de Justicia local llegaron a un acuerdo con el CNJ y H360 para expandir el proyecto al Complejo Correccional de São Luís.

A pesar de esto, el gobierno de San Pablo ha suspendido recientemente de manera temporaria la operación de las cooperativas en las prisiones de Tremembé. El proyecto continúa por ahora, ya que los miembros de las cooperativas que se encuentran en libertad siguen trabajando. La innovación principal del proyecto consiste en darles a los miembros de la cooperativa la perspectiva de tener un ingreso ante su inminente liberación y así, mostrarles una alternativa real a la reinserción social. La administración de Alckmin no formalizó el plazo de asociación con el instituto, y como el gobierno actual interpreta las leyes de manera más estricta, determina que las compañías que emplean reclusos deben pagarles el salario mínimo. Sin embargo, la cooperativa hace que los reclusos sean sus propios jefes y no empleados. Por lo tanto, el gobierno de Doria está cerrando la oportunidad de innovar en una de las áreas en las que Doria mismo hizo campaña. Afirmar que esta iniciativa contradice la ley, como lo hace el gobierno de San Pablo, es decir que la administración de Alckmin permitió, por más de un año, una actividad ilícita dentro de las cárceles.

¿Cuál es la lógica detrás de todo esto? Bueno, los números son claros. El costo mensual de un recluso en una cárcel pública es de BRL$2000 (USD$514). En un establecimiento APAC, el costo es menor a BRL$900 (USD$231). Permitir que los reclusos formen parte de las cooperativas para generar sus propios ingresos trae variables positivas a esta ecuación. Por otro lado, la privatización de las cárceles es, indudablemente, más costosa para la sociedad. El complejo carcelario Ribeirão das Neves, construido y gestionado por el consorcio GPA costó BRL$279 millones (USD$72 millones) según las cifras de 2012, y le cuesta al estado de Minas Gerais alrededor de BRL$3.500 (USD$900) por mes para mantener un recluso. De acuerdo con el Tribunal de Justicia del estado de Amazonas, en la prisión privada de Manaos, escenario de las más recientes masacres, cada recluso cuesta al mes BRL$4.700 (USD$1.208).