Cooperativas de trabajo ayudan a re-socializar a las detenidas
Para las debatientes, estos proyectos deberían ser replicados para disminuir la reincidencia y ayudar mujeres a dejar el tráfico
Artículo publicado originalmente en el periódico Folha de São Paulo, el día 20 de Octubre de 2020.
Todavía tímidas y sin apoyo estatal, las cooperativas de trabajo formadas por mujeres encarceladas, aceleran la re-socialización. Las detenidas aprenden el oficio, montan un negocio, encuentran compradores y reparten el lucro. La cooperativa no es solamente una fuente de renta, también es un pasaporte de re-socialización. Cuando salen de la prisión, pueden seguir en el proyecto o vender individualmente.
Desde el año 2014, esa es la experiencia de detenidas del Centro de Re-educación Femenino de Ananindeua, en Belém (PA), palco de la Coostafe (Cooperativa Social de Trabajo Arte Femenina Emprendedora). En el proyecto, idealizado por la ex-directora del CRF Carmen Botelho, las mujeres confeccionan artesanías y ropas.
Una iniciativa semejante fue replicada en la Penitenciaria Femenina 2 de Tremembé (SP) con la creación de la Cooperativa Lili, en el año 2018. En el mes de mayo del 2019, sin embargó, el proyecto fue prohibido en la penitenciaria. Mientras que las cooperadoras vinculadas a Lili permanezcan presas —cerca de 33—, ellas no consiguen más el acceso a las actividades del trabajo, que sigue del lado de afuera con 16 egresadas de Tremembé. Proyectos cooperativos también están siendo gestados en Maranhão, en Paraíba y en Rio Grande del Norte.
“Es un modelo de negocio que emancipa”, resume Patrícia Villela Marino, presidente del Instituto Humanitas360, ONG que han ayudado en la estructuración de las cooperativas en conjunto con el Consejo Nacional de Justicia (CNJ).
El asunto fue debatido el día lunes (19) en el seminario de Encarcelamiento Femenino, realizado por la Folha (periódico de circulación nacional), con el apoyo de Humanitas360, para marcar el lanzamiento del documental “Tejiendo la Libertad”, sobre esas cooperativas. Siendo fortalecidas y replicadas por el territorio, esas iniciativas podrían llenar un vacío en la aplicación de la legislación brasilera.
A pesar de la Ley de Ejecución Penal prever el derecho al trabajo remunerado de los presos, los datos del Infopen (informaciones estadísticas del sistema penitenciario) muestran que, en el año 2017, solamente el 33% de la población encarcelada femenina estaba vinculada en alguna actividad laboral. De la parte que trabajaba, el 38% no recibían remuneración.
A partir de la calificación profesional en las cooperativas, las debatientes afirman que es posible disminuir la reincidencia criminal y fortalecer a su vez las otras fuentes de renta que no sean el tráfico de drogas —responsable por el 60% de las prisiones femeninas a cada año. El proyecto es bienvenido para ayudar a deshinchar un ya, súper poblado sistema carcelario, afirma la abogada Marina Dias, directora-ejecutiva del IDDD (Instituto de Defensa del Derecho a la Defensa). En las últimas dos décadas, el encarcelamiento femenino creció un 560% en el país. Mientras que 2000 de las prisiones brasileras abrigaban cerca de 5.600 detenidas, hoy son más de 37 mil mujeres privadas de libertad.
Dias explica que la Ley de Drogas del 2006, no fija criterios objetivos para diferenciar traficantes de usuarios. El resultado es la prisión masiva de aquellos que están en la base, traficando para sobrevivir y la impunidad de los que organizan la cadena del crimen. “La mayoría de las presas no ocupaba cargos altos en el esquema del tráfico organizado”, afirma la abogada.
Otro problema, adiciona, es la demora para que las mujeres sean juzgadas. Cerca del 37% de las presas hoy en Brasil están en prisión provisoria, lo que significa que todavía no fueron a juicio. “Vi mujeres que estaban aguardando juicio hace más de un año y después fueron inocentadas”, relata la actriz y cantante Preta Ferreira. “Hay casos en que el tiempo que la mujer queda presa, ultrapasa la pena que ella cumpliría si fuese comprobada la culpa. En el año 2019, Ferreira, que es activista por el derecho a la vivienda, quedó presa preventivamente por 108 días, como blanco de denuncia que alega que los movimientos de ocupación en el centro de São Paulo, son parte de una asociación criminosa.
“La falta de políticas públicas enfocadas para el trabajador de baja renta, hace con que la población carcelaria aumente”, afirma Ferreira. Los prejuicios en las vidas de las detenidas, menciona Marina Dias, del IDDD, se suman a aquellos desencadenados en la creación de los hijos. Según los datos del Infopen, el 74% de las mujeres encarceladas son madres. Y no son pocos los casos en que los hijos están en los establecimientos carcelarios. En el mes de junio del 2020, 1.850 niños estaban en las unidades carcelarias con sus madres. Las debatidoras resaltan también las consecuencias de la llamada pena de multa, que muchas detenidas son obligadas a pagar para la Justicia cuando dejan la prisión. Mientras tanto no acaban con la deuda, que varía de caso a caso; no consiguen regularizar el título de elector y consecuentemente, hacer la Cartera de Trabajo. “Es una perpetuación del ciclo da violencia”, dice Dias.
En el documental “Tejiendo la Libertad”, las puntas de eses problemas se unen por medio de declaraciones de ex-detenidas. Luiza Matravolgyi, directora y guionista, dice que el objetivo del filme es reflexionar sobre el encarcelamiento femenino y consolidar alternativamente las producciones audiovisuales que retratan el tema. “Ya existen muchas producciones que tratan de los problemas. Mientras que las soluciones necesiten ser lapidadas, pensar en caminos posibles es una parte importante.” El desafío, dice, fue asegurar que las protagonistas serian retratadas como trabajadoras, y no apenas como mujeres privadas de libertad.
El seminario contó con la mediación de Fernanda Mena, reportera especial de la Folha de SP. Es posible asistir el documental “Tejiendo la Libertad” hasta el día 23 de octubre de este año.