Patrícia Villela Marino
Presidenta del Instituto Humanitas360
Durante más de veinte años, he convivido con historias de vida atravesadas por la crisis de Venezuela. Ciudadanas y ciudadanos venezolanos de diversos estratos sociales, a quienes conocí en mi militancia cívico-social y en mi vida personal, vieron sus rutinas interrumpidas por la represión política y el exilio forzado. Conocí madres sin acceso a medicamentos para tratar a sus hijos, presos políticos, familias separadas por fronteras y miedo.
Reconocer la gravedad del autoritarismo y la violencia de Estado perpetrados por Nicolás Maduro, y antes que él Hugo Chávez, es un deber ético. Pero esto no significa respaldar aventuras militares como la que Estados Unidos inició esta semana. Intervenciones externas y retóricas como ésta sólo actualizan el viejo guión del neocolonialismo. No hay una solución fácil para lo que vive hoy Venezuela.
América Latina ya ha visto esta película. A lo largo del siglo XX, la «guerra contra las drogas» y la «defensa de la democracia» fueron utilizadas por diversos gobiernos norteamericanos como justificación para la militarización y la violación de leyes y derechos en nuestro continente. Estados Unidos jugó un papel central en el sostenimiento de dictaduras, la financiación de golpes, la represión de movimientos populares y la construcción de una lógica de seguridad que siempre trató a América Latina como zona de sacrificio. Venezuela, con su complejidad geopolítica, económica y humana, no puede ser el territorio de este desafortunado regreso al pasado.
A lo largo de las últimas dos décadas, he estado al lado de líderes de la oposición venezolana que hoy viven en el exilio, algunos tras prisión o persecución directa. En parte por ello, en 2016, fui reconocida con el Bravo Business Award, otorgado por el Council of the Americas, en la categoría de Humanitaria del Año. Recibí el homenaje como símbolo de un esfuerzo colectivo: el intento de ampliar el espacio de la ciudadanía en varios países de América Latina, con foco en temas difíciles, como la reforma de las políticas de drogas y la promoción de mecanismos de participación democrática. Lo que estaba en juego en aquel momento, y hoy es más actual que nunca, es el derecho de las personas a expresarse, a vivir con dignidad y a decidir el futuro de sus países.
La crisis venezolana tiene rostro, nombre e historia. No se resolverá con fórmulas externas, sino con la reconstrucción lenta y difícil de la confianza social e institucional. Y esto solo será posible con el pueblo venezolano en el centro del proceso, no como espectador, sino como sujeto de su propia historia.
Por ello, reafirmo que cualquier salida a la crisis venezolana no puede venir de la fuerza militar ni de decisiones impuestas de afuera hacia adentro. La respuesta debe venir del propio pueblo venezolano, especialmente de aquellos que, forzados al exilio, forman hoy una diáspora activa y profundamente comprometida con la reconstrucción del país.
Desde hace más de dos décadas, sigo a pensadores, líderes y activistas que, incluso lejos de su tierra, continúan estudiando, elaborando y preparando caminos para la reconstrucción de la nación, de sus instituciones y de su vida democrática. Mantienen viva, como acto de resistencia, la esperanza de un retorno digno, capaz de reparar las violencias sufridas. En este contexto, cito el trabajo del profesor Ricardo Hausmann, dedicado a la formulación de un plan de reconstrucción para Venezuela, así como las trayectorias de Yon Goicoechea, David Smolansky, Manuela Bolívar, Lilian Tintori, entre tantos otros nombres comprometidos con la recuperación democrática del país.
Más que nunca, necesitamos reafirmar que la solidaridad no es tutela. Que la soberanía no se negocia selectivamente. Y que la democracia no se impone, se construye. Con tiempo, con escucha y con personas dispuestas a sostener este proceso con coraje y responsabilidad.
