El siguiente artículo, escrito por Patrícia Villela Marino y Larissa de Melo Itri, fue publicado en el periódico O Globo el 27 de diciembre.
Desde hace 50 años, la política de seguridad pública adoptada en Brasil está centrada en el modelo de la «guerra contra las drogas», que prometió reducir el uso y la disponibilidad de determinadas sustancias al criminalizarlas de forma severa. Además de no alcanzar sus objetivos explícitos, esta política relegó a la criminalidad la explotación de un mercado multimillonario, hizo crecer las tasas de homicidios y el poder de las organizaciones criminales, y multiplicó la población carcelaria.
En la percepción popular, la inseguridad pública pasó a liderar la lista de preocupaciones de ciudadanos y electores. El resultado es una normalización de la violencia que se refleja en la baja conmoción pública ante episodios como la masacre en los complejos de Penha y Alemão, en Río de Janeiro, que resultó en 121 muertes.
Hasta el momento, se han presentado dos respuestas al problema. Por un lado, el gobierno federal defiende acciones articuladas de inteligencia; por otro, gobernadores de algunos estados redoblan la apuesta por el combate militarizado. Aunque se distinguen en cuanto al uso ostensivo de la fuerza, ambas se resumen en acciones punitivas, replicando el modelo fracasado que nos trajo al caos actual. ¿A cuántos paquetes anticriminalidad y aumentos de penas hemos asistido en las últimas décadas, sin que la violencia se haya reducido?
El epicentro de todos los errores en la conducción de nuestra seguridad pública deriva de la actual política de drogas brasileña—no por casualidad considerada la peor entre 30 países analizados en el Índice Global de Política de Drogas de 2021. La actual política de seguridad presupone violaciones constantes a derechos fundamentales, exige ejecuciones sumarias y alimenta el irrespeto a la intimidad y a la inviolabilidad domiciliaria, sobre todo en las áreas de mayor vulnerabilidad social. Es también racista, pues afecta a poblaciones negras y pobres desproporcionalmente.
No es apenas el sistema penitenciario brasileño el que se encuentra en un «estado inconstitucional de cosas», como reconoce el Supremo Tribunal Federal desde 2023, sino toda la actuación estatal en el área de seguridad pública. Carente de amplia y urgente revisión, requiere una transformación profunda de paradigmas.
Muchas de las creencias actuales sobre el área son desmentidas por la ciencia. Es falso afirmar, por ejemplo, que las drogas generan crímenes: países con índices de violencia bajísimos, como Noruega, presentan más problemas con el abuso de sustancias que Brasil.
Ya la comprensión de que más prisiones reducen los crímenes no se sustenta desde los años 1930, cuando Georg Rusche y Otto Kirchheimer concluyeron, en «Castigo y Estructura Social», que, a partir de cierto punto, más severidad no reduce la violencia. Por ser mal ejemplo en la práctica, Brasil es buen ejemplo de la teoría: nuestra población carcelaria saltó de 90 mil en 1990 a casi 800 mil, sin que la tasa de homicidios se haya vuelto ejemplar.
Ante este escenario de fracaso comprobado, un plan factible de seguridad pública debe tener como punto de partida el anclaje en la realidad y en la ciencia. Pero reconocer los errores en el área de la seguridad va a exigir un profundo cambio cultural y educacional, sin el cual las alternativas correctas seguirán siendo impopulares. Este cambio no debe ser exigido apenas del Estado, sino de toda la sociedad, de la prensa y de la academia.
El plan debe apuntar a modelos exitosos, como el de Colombia, que redujo su tasa de homicidios de 380 por cada 100 mil habitantes en 1991 a 13,9 en 2023, con políticas de desarme y acuerdos de paz. Uruguay reguló de manera restrictiva el mercado de marihuana en 2013, con resultados positivos: el tráfico de la planta dejó de ser un problema interno significativo. Suiza tuvo éxito al adoptar políticas de reducción de daños para personas con uso abusivo de heroína, reduciendo las muertes por sobredosis a la mitad e infecciones por VIH en un 65%.
Llegó el turno de nuestro país de unirse a estos ejemplos e iniciar la elaboración de un plan de seguridad pública eficiente y basado en premisas sólidas. Que el espectáculo de barbarie presentado en los complejos de Penha y Alemão sirva como alerta final para una urgente corrección de rumbo.
Patrícia Villela Marino es presidenta del Instituto Humanitas360, Larissa de Melo Itri es consultora jurídica del Instituto Humanitas360
(Créditos de la Foto: Gabriel de Paiva / Agência O Globo)
