El siguiente artículo, firmado por la presidenta del Instituto Humanitas360, Patrícia Villela Marino, y el diputado estatal Caio França (PSB-SP), fue publicado originalmente en el periódico Folha de S.Paulo el 16 de diciembre.
La reciente decisión del ministro Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal, ordenando que la Policía Federal investigue irregularidades en la transferencia de R$ 72,3 millones en enmiendas parlamentarias federales, reaviva un debate crucial para la democracia brasileña: ¿cómo garantizar que los recursos públicos se apliquen con transparencia y legitimidad?
En contraste con las irregularidades señaladas por el Supremo, el Frente Parlamentario del Cannabis Medicinal y del Cáñamo Industrial de la Asamblea Legislativa de São Paulo demuestra cómo es posible utilizar recursos públicos de manera responsable, criteriosa y alineada con el interés colectivo.
Recientemente, el frente anunció los ganadores de su 3.ª Convocatoria de Enmiendas. La selección de proyectos no se realizó por capricho político ni intereses oscuros, sino a través de un consejo deliberativo compuesto por médicos, farmacéuticos, investigadores y especialistas en el tema.
Este filtro técnico establece una barrera esencial contra la discrecionalidad que alimenta las desviaciones. Por su parte, las llamadas enmiendas Pix, en el ámbito federal, se han convertido en símbolo de una práctica que, cuando carece de controles adecuados, perpetúa las irregularidades que atentan contra la ley y la confianza ciudadana en las instituciones.
El contraste es evidente. Mientras las investigaciones de la Contraloría General de la Unión revelan un «cuadro generalizado de ilegalidades» en municipios que recibieron decenas de millones en enmiendas federales, el frente parlamentario paulista, coordinado por los diputados estaduales Caio França (PSB) y Eduardo Suplicy (PT), destinó R$ 1,25 millones a ocho proyectos cuidadosamente seleccionados. No se trata solo de una diferencia cuantitativa en los montos, aunque esta sea significativa, sino de una diferencia cualitativa en la concepción de lo que significa servir al público.
Los proyectos seleccionados representan instituciones de reconocida solidez: el Instituto del Corazón (InCor) del Hospital das Clínicas llevará a cabo una investigación inédita sobre cannabis medicinal en pacientes cardíacos; la UFSCar investigará el papel del cáñamo en la agricultura sostenible; los campus de la Unesp en Botucatu e Ilha Solteira desarrollarán estudios veterinarios pioneros.
A estas iniciativas académicas se suman programas municipales en Pereira Barreto y Peruíbe, proyectos sociales como el de la Asociación Psicocannabis, orientado a la reinserción de mujeres egresadas del sistema penitenciario, y la capacitación de profesionales por parte de Turma do Bem.
Lo que distingue fundamentalmente esta iniciativa de las prácticas cuestionadas por el Supremo es la existencia de un proceso deliberativo robusto. La transparencia, aquí, está presente en todas las etapas: convocatoria pública, criterios definidos, evaluación por pares, divulgación amplia de los resultados.
Es el reconocimiento de que los recursos públicos exigen escrutinio público, y que la legitimidad de una enmienda parlamentaria reside no solo en su legalidad formal, sino en su capacidad de responder a necesidades sociales genuinas a través de instituciones sólidas y confiables.
Patrícia Villela Marino, abogada y presidenta del Instituto Humanitas360.
Caio França, diputado estatal (PSB-SP) y autor de la ley paulista que incluye el Cannabis medicinal en el sistema público de salud.
