Artículo en O Globo: No existe una justicia VIP

El siguiente artículo, escrito por Patrícia Villela Marino, fue publicado en el periódico O Globo el 4 de octubre.

Las recientes revelaciones de la Policía Federal sobre las relaciones de Daniel Vorcaro con autoridades de la cúpula del Poder Judicial ponen de manifiesto algo que va más allá de la conducta de uno u otro individuo. Sin personalizar ni anticipar juicios, el episodio nos obliga a plantearnos una pregunta incómoda: ¿cómo permitimos que la cercanía con quienes deciden en los tribunales convirtiera el sistema jurídico brasileño en un mercado?

Viajes, encuentros privados, contratos millonarios con despachos vinculados a familiares de magistrados y mensajes directos a autoridades contribuyen a alimentar la percepción de que existe una puerta lateral de acceso a la Justicia, y de que esa puerta está al alcance de los pocos que pueden pagar para cruzarla. El problema no radica en el derecho de abogados y partes a dirigirse a quienes toman las decisiones. Radica en convertir las relaciones personales, familiares y profesionales en una ventaja jurídica.

Un código de conducta para los tribunales superiores, con reglas claras sobre conflictos de interés y transparencia de las agendas, es urgente e indispensable. Pero será insuficiente si abordamos el problema únicamente como una suma de transgresiones individuales. Existe un mercado de la cercanía porque el acceso efectivo a la Justicia es, en Brasil, un recurso profundamente desigual.

La Constitución de 1988 no creó una Justicia VIP y otra para quienes esperan en la fila. Sin embargo, en la práctica, mientras algunos cuentan con despachos sofisticados, relaciones privilegiadas y acceso directo a las más altas autoridades, millones dependen de una Defensoría Pública sobrecargada y todavía ausente de casi la mitad de los distritos judiciales brasileños.E 

Conozco de cerca el otro extremo de esta desigualdad gracias al trabajo del Instituto Humanitas360 en el sistema penitenciario. Allí, una petición que no se presenta, una progresión a un régimen penitenciario menos restrictivo que no se examina o una prisión que no se reevalúa significan meses —a veces años— arrebatados a la vida de alguien. Las jornadas extraordinarias de revisión de casos penitenciarios encuentran periódicamente a miles de personas que ya cumplían los requisitos para salir de prisión. Lo extraordinario debe corregir aquello que el funcionamiento ordinario de la Justicia no logró ver.e 

Son dos caras del mismo problema. Por un lado, una Justicia que responde rápidamente a quienes poseen capital financiero, familiar o relacional. Por otro, una Justicia que tarda y falla a quienes pueden contar, exclusivamente, con la letra de la ley.e 

Regular el llamado lobby judicial, establecer límites transparentes para las relaciones entre magistrados, despachos y partes interesadas, y afrontar los conflictos de interés son medidas indispensables. La transparencia protege no solo al ciudadano, ni únicamente al propio Poder Judicial, sino, por encima de todo, a la democracia misma.

Un código de conducta y la regulación del lobby judicial no debilitan al Supremo Tribunal Federal ni a ninguna institución del sistema de Justicia. Al contrario. Las instituciones fuertes son aquellas capaces de mirar hacia dentro, reconocer sus riesgos y rendir cuentas a la sociedad.

La Justicia no puede depender del apellido que se lleva, del teléfono que se consigue atender o de la puerta que se sabe abrir. En la República concebida por la Constitución de 1988, todos deberían entrar por la misma puerta.

Patrícia Villela Marino
Presidenta del Instituto Humanitas360, miembro del Consejo de Desarrollo Económico Social Sostenible de la Presidencia de la República y del Colectivo Derrubando Muros

(Foto: Divulgación/ TJMS)