El siguiente artículo, escrito por Patrícia Villela Marino, fue publicado originalmente en el portal Poder360 el 17 de octubre.
En los últimos años, hemos asistido a la consolidación de una estrategia política que necesita ser desenmascarada. El Centrão y la extrema derecha han imputado al gobierno actual el estigma de la corrupción no por compromiso con la ética, sino como estrategia de autoblindaje — una especie de manto de santidad tejido para ellos mismos. Se trata de la vieja táctica infantil según la cual la mejor defensa es el ataque: acusar a los otros precisamente de aquello que tú practicas.
El «presupuesto secreto», al fin y al cabo, no nació en este gobierno — fue gestado e intensificado a lo largo de administraciones anteriores, transformándose en moneda de cambio privilegiada en los últimos mandatos en la Cámara de Diputados, operando en las sombras mientras sus arquitectos posaban de guardianes de la moralidad pública.
En diciembre de 2022, el Supremo Tribunal Federal declaró inconstitucionales las enmiendas del relator (RP-9), que operaban sin transparencia, favoreciendo a aliados del gobierno anterior a cambio de apoyo parlamentario. Aun así, el esquema no desapareció: apenas se metamorfoseó. Las llamadas «enmiendas de comisión» surgieron como nuevo ropaje, manteniendo la lógica de pulverización de fondos con bajo control público y sirviendo de base para acusaciones selectivas — incluso contra ministros del gobierno actual.
Simultáneamente, proyectos como la PEC de la Amnistía (que perdona deudas partidarias) y la PEC del Blindaje (orientada a la autoprotección de parlamentarios) revelan el esfuerzo sistemático de sectores del Congreso para proteger sus propios intereses, muchas veces en detrimento de la transparencia y de la integridad institucional. La incoherencia se agrava ante el intento de amnistiar a los involucrados en el intento de golpe de 2023 — justamente por aquellos que se autoproclamam los verdaderos «guardianes de la moral pública».
Este movimiento es parte de una estrategia populista ya conocida: instrumentalizar el discurso anticorrupción para debilitar adversarios y encubrir la ausencia de propuestas estructurantes. La lucha legítima contra la corrupción es secuestrada por un moralismo selectivo, que cierra los ojos para los arreglos del pasado reciente, siempre que sirvan al mantenimiento del poder.
Como defensora de la ciudadanía activa y de la transparencia, afirmo: combatir la corrupción exige más que eslóganes o linchamientos virtuales. Exige medidas concretas para garantizar la máxima transparencia en el presupuesto público, con trazabilidad de los recursos y criterios claros para su destinación. Requiere también el fortalecimiento de los mecanismos de control social sobre los tres Poderes — Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
La democracia no sobrevive al populismo moralista ni a la opacidad presupuestaria. Necesitamos sustituir la cortina de humo de la retórica anticorrupción por estructuras institucionales sólidas, que permitan a la sociedad fiscalizar y participar de la gestión pública. Solo así construiremos un Brasil en el que la ética no sea bandera de ocasión, sino compromiso permanente.
Patrícia Villela Marino, presidenta del Instituto Humanitas360
