Folha de S. Paulo: ¿Dos pesos, dos medidas? (Artículo de opinión de Patrícia Villela Marino y Marcelo Grecco)

Del texto original (en portugués, publicado en Folha de S. Paulo en 17.03.2022. Acceda al enlace original aquí)

Patrícia Villela Marino
Fundadora y CEO del Instituto Humanitas360 y cofundadora de Civi-co, un espacio de trabajo que reúne a emprendedores cívico-sociales

Marcelo De Vita Grecco
Cofundador de The Green Hub, una aceleradora de startups centrada en el mercado del cannabis legal

Vamos a difundir con información de calidad este cultivo que nos ha reunido para dar frutos reales y sostenibles en un país que, en este momento de descuido por parte de todos, necesita cuidados y no el proyecto de ley 6.299/2002, el llamado «proyecto de ley del veneno».

Según el Instituto Nacional del Cáncer, los agrotóxicos son productos químicos de síntesis utilizados para matar insectos, larvas, hongos y garrapatas bajo la justificación de controlar enfermedades y regular el crecimiento de la vegetación en ambientes rurales y urbanos.

El control de enfermedades y plagas aumenta la productividad y mejora la calidad visual de los productos. Pero las desventajas superan a los beneficios. El daño medioambiental a los recursos de suelo y agua es terrible. En este sentido, el daño parece profundo e irreversible, especialmente al agua, fundamental para la humanidad y cada vez más escasa. Asimismo, la contaminación del suelo, fuente de alimentación y perpetuación de la vida, también es fatal.

En la propuesta de ley de 6.299, la vigilancia del uso regular de agrotóxicos en Brasil pasa a estar restringida al Ministerio de Agricultura, cambiando la regulación actual, que también tiene Anvisa e Ibama. Dejar esta vigilancia en manos de un solo organismo no significa reducir la burocracia, sino deconstruir los grados de protección y gobernanza. Cambiar el término «agrotóxico» por plaguicida, como prevé el proyecto de ley, no reduce los riesgos.

Sí la gobernanza, porque quien es responsable de las supercosechas no puede regular los insumos para aumentar los cultivos. El peligro es que, por la rentabilidad y las agendas políticas, el agente público sea permisivo en el uso de plaguicidas -el término correcto, sin eufemismos-. Es importante que entendamos la necesidad de mantener otros organismos en la vigilancia de estos productos potencialmente peligrosos para la salud y el medio ambiente. Esta tarea no puede delegarse en un solo agente. Al fin y al cabo, la gobernanza es la seguridad.

¿Cómo ha pasado este proyecto de ley por el Congreso tan rápidamente? Y sin la amenaza de un veto presidencial, a pesar de que tiene una capacidad tóxica real y medida con una amplia difusión en estudios, películas y documentales, como «Tierra fértil» de Netflix.

Sin embargo, no se vio la misma agilidad en otro proyecto de ley, el 399/2015, que trata del cultivo de Cannabis medicinal en Brasil. Resultado de historias de amor incondicional de madres y padres por sus hijos e hijas, que no han perdido la esperanza de ofrecer salud y calidad de vida a sus hijos.

Profesionales de diversas áreas del conocimiento, además de activistas solidarios y empáticos se sumaron a la lucha. Posteriormente, la ciencia avaló el conocimiento ancestral contenido en una planta, el Cannabis y el cáñamo, en su distinción, uso y aplicaciones, describiendo procesos y protocolos que dieron sustentabilidad al oficio profiláctico, en una enorme coyuntura de conocimiento al servicio de la salud pública.

Toda esta construcción democrática de manifestaciones en la ciencia, la cultura y las artes debería estar en el ámbito de la salud pública, pero no fue entendida por la seguridad pública (que tiene el monopolio de las decisiones). Aun así, la discusión creció, pero se detuvo en el Congreso Nacional, y siguió bajo la amenaza de un veto presidencial.

Dos situaciones, el tema de dos proyectos con procedimientos tan diferentes que se ocupan de la salud pública. Uno, contamina; el otro, purifica y regenera. Favorece la curación y ofrece dignidad por sus efectos científicamente comprobados en las enfermedades que limitan al ser humano – además de proteger y regenerar el suelo, en alto riesgo de contaminación por la lenidad auspiciada por el proyecto de ley 6.299.

¿Qué no tenían claro los parlamentarios? ¿Serán sus agendas políticas y sus intereses propios los que les llevan a hacer grandes esfuerzos para convencer a la industria química y a los productores? ¿Es la falta de compasión y de interés científico para conocer los dilemas de las familias que necesitan Cannabis para reducir el sufrimiento de sus hijos?

¿Es la ignorancia de las oportunidades económicas que el cáñamo puede generar en un país con alto desempleo y mínimas oportunidades? Las grandes cosechas no llegan a la mesa de los brasileños: mueven las grandes cuentas bancarias de los extensos monocultivos y de los químicos extranjeros.

Ajeno a las negociaciones en el Congreso, el pueblo, este año, tiene el poder de votar. No estemos desinformados, insensibles al sufrimiento de los demás, manipulados por los prejuicios, desinteresados por los nuevos mercados y las nuevas oportunidades. ¡Somos votantes y contamos más que nunca!