El Instituto Humanitas360, junto a diversas organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios, apoyó y promovió, el 25 de junio, una audiencia pública en la Asamblea Legislativa del Estado de São Paulo en memoria de las víctimas de tortura y en defensa de los derechos humanos en los espacios de privación de libertad. Promovido por el diputado estatal Eduardo Suplicy (PT-SP), el encuentro marcó la víspera del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura, celebrado el 26 de junio.
La fecha recuerda los compromisos asumidos por los Estados a través de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, en vigor desde 1987. São Paulo, el estado con la mayor población carcelaria del país y marcado por innumerables denuncias en distintos espacios de privación de libertad, es un escenario decisivo para este debate.
La mesa reunió a autoridades, profesionales del derecho y activistas de diferentes entidades que actúan en la defensa de los derechos humanos en Brasil. Entre las voces presentes, Geralda Ávila, de la Pastoral Carcerária, advirtió que la violencia y la tortura en el sistema penitenciario configuran una crisis humanitaria crónica y estructural, que se manifiesta tanto en la agresión física como en las condiciones degradantes impuestas a la población privada de libertad. Miriam Duarte, una de las fundadoras de Amparar, subrayó que la falta de información enferma y mata, marginando y criminalizando a las familias de las personas presas.
El debate también reclamó mayores acciones del poder público dirigidas a la población carcelaria. La diputada Paula da Bancada Ativista (PSOL) defendió mejores condiciones de salud en las cárceles, mientras que la perita Carolina Lemos, del Mecanismo Nacional de Prevención y Combate a la Tortura, destacó la importancia de la documentación y la fiscalización regular como herramientas preventivas contra la violencia.
El evento se integra además al esfuerzo colectivo de las organizaciones de la sociedad civil en el seguimiento de la aplicación del Plan Nacional Pena Justa, lanzado por el Gobierno Federal en 2025 con metas para combatir la superpoblación, mejorar la infraestructura penitenciaria y promover la reinserción social.
La audiencia contó con el apoyo y la participación de la Asamblea Legislativa del Estado de São Paulo, el Instituto Pro Bono, Amparar, Anatesp, Conectas, IDDD, Iniciativa Negra, ITTC, Plataforma Justa, Pastoral Carcerária Nacional y Reflexões da Liberdade.
Vea a continuación los videos de las sesiones de la audiencia:
(Créditos de la imagen: Rodrigo Romeo / Alesp)
