El primer artículo de la Constitución de Brasil de 1988 indica que la ciudadanía es uno de los cimientos de la República y del Estado Democrático. Siendo más austera y antigua, la Constitución de Estados Unidos, creada en 1789, originalmente tenía solo siete artículos dedicados a la organización de las tres ramas del gobierno y la relación entre la unión y los estados. La constitución se revisó solo tres años después, cuando la Declaración de Derechos fue creada y enmedada a la Constitución. La declaración buscaba proteger los derechos de los ciudadanos, asegurando las libertades individuales y limitando el poder del Estado.
Las constituciones de los distintos países de América, como la de Colombia (1991) y la de Ecuador (2008), hicieron más por la protección de los derechos de los ciudadanos. Ambas constituciones reconocen la legitimidad de cada etnia que incluye la trama social, definiendo mecanismos de integración de las poblaciones indígenas en la sociedad a través de procesos de participación democrática, y de inserción de prácticas nativas y valores a la vida cotidiana.
Sin embargo, la historia reciente del continente estadounidense muestra que las leyes constitucionales son insuficientes para asegurar la defensa de la democracia, el estado de derecho y el bienestar de la población. Las sociedades de América Latina tienden a tratar las leyes como una panacea: solo entre 1978 y 2012, 18 países de la región reescribieron su Carta Magna. El Instituto Humanitas360 cree que solo por medio de la ciudadanía activa, no solo durante los procesos electorales y las instancias oficiales (como consejos y audiencias públicas), sino en todos los espacios de la vida social debemos sostener la democracia, buscar la justicia social y generar la paz en nuestra sociedad.
