Una forma civil de entender el cannabis
Publicado originalmente en la revista Economy & Law de junio/2020.
Por Patrícia Villela Marino y Emílio Figueiredo
La decisión de los órganos de salud pública en los Estados Unidos, de mantener el comercio de los productos derivados del cannabis, en medio de la pandemia, en regiones como Nueva York y en California, deja en evidencia una interrogante que, pacientes y especialistas han destacado por décadas: la marihuana puede salvar vidas. Productos como el aceite para la base del canabidiol, son usados para reducir las convulsiones en aquellos pacientes que presentan por su genética un desorden inusual, para la reducción de los efectos colaterales en las terapias agresivas, tales como, la quimioterapia y contribuyen para la moderación de los efectos del Alzheimer y de la ansiedad, solo para citar algunos de los ejemplos.
Opacado por la pandemia, el inicio de vigencia en Brasil de una nueva regulación, que permita la venta de productos para la base del cannabis, es un primer paso desde marzo, siendo todavía insuficiente, para atender las demandas de la población. A pesar de que hoy, las farmacias pueden comercializar este tipo de medicamento (cabe destacar, por el texto de la Anvisa, ellos no son considerados como tal y si “productos”), no fue permitido en Brasil, el cultivo o la producción, lo que significa que todo el proceso sufre un aumento en su valor y hace a su vez, que lleguen a los pacientes a unos precios exorbitantes.
Necesitamos ir muchísimo más allá y pasar a discutir una regulación que amplié las formas de producción y el acceso de modo seguro y lícito, y que principalmente, no excluya, todavía más, los que siempre han participado de este mercado, de forma clandestina. Tenemos mucho que aprender, con los errores y aciertos de las experiencias internacionales hasta aquí. En Canadá, Israel y en Argentina y algunos estados norte americanos como, California, Colorado, Oregón y en Nevada, para citar algunos ejemplos; la regulación de la producción y la comercialización de la marihuana, fue realizada de un modo excluyente. En esos países, la regulación fue realizada en beneficios de empresarios, adinerados y blancos- algo que se verifica, por ejemplo, con la proliferación de fondos privados para el financiamiento de iniciativas del cannabis – mercado que paso, de las ventas legales de US$ 6,5 billones en 2016 para US$ 10,3 billones en el 2018, según la investigación del New Fronteir Data. Destacase una política que, excluye comunidades que han sufrido hace años, los efectos de una política que estaba errada.
Esto queda al descubierto, cuando analizamos los datos del encarcelamiento en masa- fenómeno que, no queda restricto para los Estados Unidos. De los crímenes que más privan, el principal de ellos es el tráfico de drogas. En el año 2018, de cada 10 personas detenidas por drogas, 4 de ellas fueron condenadas por posesión de marihuana, según el Pew Research Center.
Estamos siguiendo el mismo camino. En Brasil, hay más de 2.000 personas detenidas, por crimines relacionados a las drogas – entre las mujeres, el crimen representa más de la mitad de las condenaciones, de acuerdo con el ultimo levantamiento nacional de informaciones penitenciarias del Departamento Penitenciario Nacional, según los datos hasta el mes de diciembre del 2019. Según el estudio de la Agencia Pública, que analizó mil sentencias de crímenes de tráfico, en la ciudad de San Paulo en el año 2017, los negros son condenados, en mayor proporción que los blancos (70,9% contra 66,8%) y con menores cantidades de drogas. Para que sean detenidos, basta que estén personas negras, en media, con una posesión de 13 gramos de marihuana- mientras que los blancos, solamente van detenidos con entorno de poseer 482gr.
Llevar en cuenta ese histórico de opresión de las poblaciones marginalizadas y de la comunidad negra, es uno de los puntos que necesitamos distinguir, para discutir, seriamente, el escenario de regulación del mercado del cannabis en Brasil. ¿Por qué no hay un diálogo sobre la ética y el cannabis? ¿Cuáles son los principios y valores adecuados en esa nueva regulación? ¿Cómo será hecha la reparación histórica de los daños sufridos por las personas y comunidades con la violencia? ¿Cómo sería la participación del Estado, aparte de regular y fiscalizar? ¿Cómo será incluido el cannabis en el Sistema Único de Salud (SUS)?
Una comisión especial de la Cámara de Diputados, ha investigado y debatido sobre los modelos regulatorios de otros países. Observar las experiencias de países como, Colombia y Uruguay, es fundamental, pero debemos construir un modelo brasilero, que sirva para la generación de empleos y oportunidades, para las personas más afectadas por la prohibición. Y hoy se conoce, que el cultivo del cannabis puede ser rastreado – o sea- hay tecnología lo suficiente para refutar el argumento obvio de la ilegalidad.
Es el momento de rescatar los orígenes de nuestras discusiones sobre ese asunto y de tener como principales referencias los padres y madres, que hace muchos años vienen luchando, por el directo al acceso a esos medicamentos, para el bienestar de sus hijos. Sin mencionar, las víctimas de violencia de tantos años de combate, de una “a las drogas” ciega e ineficaz.
Hay más de 60 Habeas Corpus (garantía procesal que tutela el derecho a la libertad) para que familias cultivaren en casa y así hacer sus propios remedios, acompañados por médicos profesionales. También hay una asociación en Paraíba – la Abrace – autorizada por medida judicial a cultivar y distribuir medicamentos, para sus asociados en todo el país. Docenas de otras asociaciones también luchan por ese derecho. Está en la hora de que instituciones, que hacen la interlocución entre varios actores sociales, principalmente, entre las personas afectadas por los efectos perjudiciales de la prohibición y que busquen de instaurar un debate para la construcción de una regulación, que amplié las formas de acceso y que garanta la inclusión de todos. Infelizmente el contexto conservador y lleno de preconceptos por parte de nuestro gobernantes, todavía nubla una gran perspectiva de la innovación en va salud, en el siglo 21.
Patrícia Villela Marino es presidente del Instituto Humanitas360
Emílio Figueiredo es abogado y director en la Red Jurídica, por la Reforma de la Política de Drogas
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