Artículo en Estadão: «La ola de violencia policial muestra que São Paulo necesita un nuevo secretario de Seguridad Pública»
El siguiente artículo, firmado por Patrícia Villela Marino, fue publicado originalmente en la sección Opinión del periódico O Estado de S. Paulo el 14 de diciembre.
Este lunes, 9 de diciembre, el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, ordenó el uso obligatorio de cámaras corporales por parte de los agentes policiales en el Estado de São Paulo.
La medida fue adoptada tras los brutales episodios de violencia policial que han conmocionado no solo a los ciudadanos paulistas, sino a todos los brasileños. La decisión del ministro respalda una resolución del Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria (CNPCP), un órgano asesor del Ministerio de Justicia, del cual tengo el honor de ser miembro. Dicha resolución, emitida en enero de este año, recomendaba el uso obligatorio de cámaras corporales por parte de policías militares y civiles, guardias municipales, agentes penitenciarios, bomberos y vigilantes privados.
Los hechos que salieron a la luz la semana pasada resaltan la urgencia de adoptar medidas concretas para revertir la escalada de brutalidad que está poniendo en jaque la seguridad pública en el estado. Escenas como el asesinato de un joven negro, abatido por la espalda por un policía fuera de servicio, o el acto inhumano de arrojar a un hombre desde un puente durante una intervención policial, han conmocionado al país. Captados por cámaras de teléfonos y de seguridad, estos episodios han reavivado la urgencia de implementar la obligatoriedad del uso de cámaras corporales por parte de los agentes de la ley. Sin las impactantes imágenes que vimos, estos casos podrían haber sido justificados bajo la alegación de legítima defensa, perpetuando un ciclo de impunidad.
La crisis de seguridad en São Paulo se agrava debido a la postura del gobernador Tarcísio de Freitas y su secretario de Seguridad Pública, Guilherme Derrite, quienes insisten en calificar los eventos de extrema violencia como “casos aislados”. Esto ignora el aumento del 78% en las muertes causadas por policías en servicio, lo que no es una anomalía ocasional, sino un síntoma de una política de seguridad pública cuidadosamente planificada. Los datos muestran que la letalidad policial afecta principalmente a jóvenes negros y a habitantes de las periferias, exponiendo un patrón sistemático de desprecio por la vida y los derechos humanos.
La resolución del CNPCP recomienda el uso de cámaras corporales por parte de todos los agentes de seguridad pública y privada, con grabaciones durante todo el turno y un almacenamiento mínimo de tres meses. Esta medida busca garantizar la transparencia, proteger a los policías, promover el uso proporcional de la fuerza y salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Aunque está fundamentada en estudios científicos, la recomendación fue rechazada anteriormente por el gobernador de São Paulo, evidenciando una resistencia ideológica a adoptar prácticas que promuevan la rendición de cuentas y el control externo de la actividad policial.
El uso de cámaras corporales es más que una herramienta de supervisión; es una medida imprescindible para promover la transparencia y restaurar la confianza de la sociedad en su policía. Estos dispositivos actúan como instrumentos de registro y prueba, fortalecen el control externo de las fuerzas policiales y ayudan al Ministerio Público en la investigación de abusos, garantizando la responsabilidad en casos de conductas indebidas.
El Ministerio de Justicia, al condicionar el desembolso de recursos para la compra de estos dispositivos a la adopción de protocolos que aseguren el uso continuo de las cámaras, da un paso importante hacia la estandarización de prácticas que protejan los derechos fundamentales y promuevan una seguridad pública más eficiente y humana. Sin embargo, las acciones del gobierno de São Paulo siguen siendo insuficientes. La reciente admisión de errores por parte del gobernador, quien anteriormente se oponía al uso de cámaras, no se traduce en medidas efectivas. Las palabras sin acción no salvarán vidas.
Es urgente que el gobierno de São Paulo implemente las cámaras corporales de manera amplia y obligatoria, como lo recomienda el CNPCP y el Ministerio de Justicia. La permanencia del actual secretario de Seguridad Pública en el cargo es un claro obstáculo para estos cambios. Su gestión simboliza la resistencia a adoptar prácticas que protejan los derechos de los ciudadanos y salvaguarden a los propios policías.
La seguridad pública exige un liderazgo comprometido con la vida, los derechos y la justicia. Por ello, la decisión del STF de obligar al uso de cámaras corporales es loable, pero requiere un paso adicional: enviar un mensaje claro, desde los más altos niveles de mando hasta la base de la corporación, de que los abusos no serán tolerados.
Opinión de Patrícia Villela Marino
Miembro del Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria, es presidenta del Instituto Humanitas360.