Artículo en O Globo: «La retórica antidrogas es populismo penal»
El siguiente artículo, escrito por Patrícia Villela Marino, fue publicado originalmente en el periódico O Globo el 9 de abril.
Mientras buena parte del Parlamento brasileño y personalidades públicas se contorsionan en retórica inflamada contra la descriminalización de las drogas, los números revelan una verdad incómoda que los populistas penales prefieren ignorar: el crimen organizado en Brasil obtiene diez veces más ganancias con combustibles, cigarrillos, bebidas alcohólicas y oro que con sustancias prohibidas.
Un estudio reciente del Foro Brasileño de Seguridad Pública expone la fragilidad del discurso punitivo. Las organizaciones criminales facturaron R$ 146,8 mil millones con productos lícitos en 2022 y R$ 15 mil millones con cocaína. Estos números no son mera estadística — representan el fracaso de un modelo que criminaliza a los usuarios mientras ignora las verdaderas arterias económicas del crimen organizado.
Los mismos que se oponen a la regulación de drogas actualmente consideradas ilícitas — incluso aquellas cuya aplicación va mucho más allá del uso recreativo, como es el caso del Cannabis medicinal y el cáñamo industrial — en nombre de la «protección de la sociedad» callan ante la infiltración de las facciones en los mercados formales. El discurso moralista sobre sustancias psicoactivas convenientemente olvida que el alcohol y el cigarrillo — drogas legalizadas y culturalmente aceptadas — son instrumentos más lucrativos para las organizaciones criminales.
Esta evidente hipocresía produce un ciclo perverso. El encarcelamiento masivo de usuarios y pequeños traficantes no solo ha fallado en reducir el consumo de drogas, sino que ha transformado nuestras prisiones en universidades del crimen, donde las facciones reclutan nuevos miembros y amplían su poder. Mientras tanto, las grandes operaciones financieras que sostienen al crimen organizado permanecen prácticamente intactas.
Necesitamos urgentemente una discusión madura sobre política de drogas, fundamentada en evidencias científicas, y no en discursos moralizantes. Del mismo modo, es imperativo reorientar el combate al crimen organizado hacia investigaciones de inteligencia financiera que desarticule sus verdaderos flujos de capital.
La guerra contra las drogas, como demuestran los números, es una cortina de humo que desvía nuestra atención del problema real. Mientras arrestemos a jóvenes negros de las periferias de las grandes ciudades por portar pequeñas cantidades de drogas, el crimen organizado continuará su sofisticada penetración en la economía formal, corroyendo instituciones y ampliando su poder territorial.
El Instituto Humanitas360, organización de la que soy cofundadora y que presido desde hace diez años, es un testimonio de que existe alternativa a los desaciertos de nuestro sistema penitenciario. Con acciones y proyectos destinados a personas encarceladas y ex reclusos, enfocados en el concepto de emprendimiento cívico-social y movidos por la certeza de que todos merecen una segunda oportunidad, hoy acompañamos el camino de reinserción social de varios. Algunas mujeres ex reclusas son colaboradoras de la marca Tereza, que nació en un programa de H360 y hoy es un negocio social independiente, que las capacita y genera ingresos — teniendo a una de ellas, Flávia Maria da Silva, como CEO.
La justicia que queremos construir no se hace con hipocresía, sino con valentía para enfrentar verdades incómodas y disposición para repensar modelos fallidos. El camino hacia una sociedad más segura pasa necesariamente por la construcción de alternativas para la reinserción social, por una política de drogas basada en la salud pública y por un combate al crimen que alcance sus estructuras económicas, no solo sus peones desechables.
Patrícia Villela Marino es presidenta del Instituto Humanitas360 e integrante del Consejo de Desarrollo Económico y Social de la Presidencia de la República y del Consejo Nacional de Políticas Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia