El siguiente artículo, firmado por Patrícia Villela Marino, fue publicado originalmente en el periódico O Estado de S. Paulo el 18 de octubre.
Vivimos una inflexión histórica en la trayectoria democrática mundial. Mientras que Estados Unidos — otrora bastión incuestionable de los valores democráticos — se sumerge en convulsiones institucionales, Brasil despunta como faro de la democracia. La revista The Economist y una generación de científicos políticos reconocen en nuestra nación un ejemplo del combate a los arrebatos autoritarios, una conquista orquestada, en gran medida, por la actuación firme y republicana del Poder Judicial brasileño. Es precisamente este protagonismo lo que hace aún más disonante cuando magistrados individuales, desalineados con el momento histórico, eligen el camino de la opacidad en detrimento de la transparencia.
La condena, en mayo, de la periodista Rosane de Oliveira y del periódico Zero Hora al pago de R$ 600 mil en daños morales por exponer los ingresos de una jueza gaucha no representa una falla sistémica, sino que revela la miopía de individuos que no comprendieron la magnitud del papel que el Poder Judicial brasileño desempeña hoy.
Cada decisión que privilegia el corporativismo sobre la rendición de cuentas constituye una fisura en el edificio de la credibilidad institucional, ofreciendo combustible a aquellos que propagan la narrativa (falsa y antidemocrática) de la «dictadura del Poder Judicial». Lo que debería permanecer como mentira desprovista de sustancia corre el riesgo de adquirir aires de verosimilitud, no por la fuerza de los argumentos autoritarios, sino por la conducta de pocos que se desviaron de la trayectoria ejemplar recorrida por la institución.
Cuando una periodista es sancionada por revelar que una magistrada recibió R$ 662 mil en un solo mes — información pública, disponible en el Portal de Transparencia —, se trasciende el debate sobre el ejercicio profesional. Lo que se cuestiona son los fundamentos de la democracia participativa, en la que la crítica informada y la transparencia constituyen pilares inviolables de un Estado que pretende ser republicano.
La vida democrática contemporánea es indisociable del periodismo profesional investigativo. Desde las revelaciones del Watergate hasta los desdoblamientos de la Operación Lava Jato Filtrada, desde los Panama Papers hasta el Presupuesto Secreto, la prensa libre ha funcionado como sistema inmunológico de las sociedades abiertas, protegiéndolas de las patologías del poder concentrado. Cuando magistrados castigan a aquellos que ejercen esta función esencial, no solo violan preceptos constitucionales — debilitan los fundamentos de su propia legitimidad democrática.
Sin embargo, hay ejemplos edificantes en el Poder Judicial que merecen ser destacados. La decisión reciente de la jueza Juliana Petenate Salles, que determinó la prohibición de contenido con trabajo infantil artístico en redes sociales sin autorización judicial, ejemplifica magistrados que comprenden su papel transformador en la sociedad. Al reconocer que «mantener niños y adolescentes expuestos en redes sociales con fines lucrativos genera riesgos serios e inmediatos», la magistrada materializa lo que constituye la esencia del Poder Judicial contemporáneo: sensibilidad social, sintonía con la sociedad y compromiso democrático.
Si el Poder Judicial brasileño conquistó, por medio de su actuación ejemplar en la preservación democrática, un lugar de destaque en el escenario mundial, corresponde a los magistrados individuales estar a la altura del momento histórico, abrazando la transparencia y la rendición de cuentas como instrumentos de fortalecimiento, no de amenaza, a la legitimidad institucional. Esta elección determinará si Brasil continuará siendo faro democrático para un mundo en crisis o si permitirá que conductas individuales desalineadas disminuyan el brillo de su luz.
Opinión por Patrícia Villela Marino
Abogada, presidenta del Instituto Humanitas360
