Artículo en Estadão: «Necesitamos asegurar que las políticas criminales de Brasil tengan continuidad»
El siguiente artículo, escrito por la presidenta del Instituto Humanitas360, Patrícia Villela Marino, fue publicado en el diario O Estado de S. Paulo el 10 de octubre de 2023.
A principios de octubre, el Supremo Tribunal Federal (STF) decidió por unanimidad que los gobiernos federal y estatal deben desarrollar un plan para combatir problemas en el sistema penitenciario, como el hacinamiento de las cárceles, el elevado número de detenidos en prisión preventiva y la permanencia en un régimen más severo o por un período superior a la pena.
Los ministros reconocieron una «violación masiva de derechos en el sistema penitenciario brasileño» y establecieron un plazo de seis meses, «especialmente destinado a controlar el hacinamiento carcelario, la mala calidad de las vacantes existentes y la entrada y salida de presos», según información del portal del STF.
La sociedad brasileña necesita avanzar en este tema del sistema penitenciario, un tema espinoso que está vinculado a otros temas igualmente complejos, como el racismo estructural del país.
Tenemos en este gobierno un equipo de ministros que se sabe que están mucho más a favor de garantizar los derechos de las personas encarceladas. Maranhão, estado que alguna vez fue gobernado por el ministro Flávio Dino, es uno de los estados que ofrece más oportunidades laborales y educativas para la población carcelaria.
Anielle Franco, Ministra de Igualdad Racial, trabajó anteriormente como traductora en una prisión para inmigrantes ilegales en Estados Unidos. El Ministro de Derechos Humanos y Ciudadanía, Silvio Almeida, fue uno de los organizadores de la traducción del libro «El color de la justicia: La nueva segregación racial en Estados Unidos» de Michelle Alexander en Brasil, además de ser, en su labor como investigador y activista, vinculado a movimientos de garantía de derechos.
Necesitamos articular y aprovechar todo el capital posible -no sólo económico, claro está- para poder dejar legados de mayor respeto por los derechos humanos en el sistema penitenciario en los próximos años. Más aún, estas medidas deben tener garantías de continuidad para que ya no tengamos sólo programas temporales, dependientes de la «buena voluntad» de los líderes políticos. Este es uno de los temas que más nos importan a nosotros, en la sociedad civil, que trabajamos con el sistema penitenciario.
Para este debate, me gustaría enumerar algunas medidas que se pueden tomar para lograrlo.
Uno de ellos es el aumento de inversiones y esfuerzos en programas de reinserción social y alternativas penitenciarias. También es necesaria la coordinación para que los programas implementados -ya sea por instituciones de la sociedad civil, entidades internacionales, etc.- puedan tener una continuidad institucional garantizada por leyes y no quebrarse en futuros gobiernos, convirtiéndose en meras «monedas políticas».
También sería fundamental un mayor diálogo entre el Consejo Nacional de Política Penal y Penitenciaria, del Ministerio de Justicia, y la sociedad civil -representada por ONGs, entidades del tercer sector, familiares de presos, investigadores y expertos en temas como violencia, seguridad, criminalidad y encarcelamiento masivo.
Asimismo, se desea un mayor intercambio, respetando a las autoridades respectivas, entre los programas de la Secretaría Nacional de Políticas Penales y el Departamento de Seguimiento e Inspección del Sistema Penitenciario y el Sistema de Ejecución de Medidas Socioeducativas del Consejo Nacional de Justicia, incluyendo la inversión en mejorar la estructura y aumentar los Consejos Comunitarios.
El desarrollo de programas de colaboración y la búsqueda de financiación, a nivel nacional e internacional, podría impulsar la implementación de políticas de apoyo a la educación y el trabajo de los presos, los liberados del sistema penitenciario y los familiares de los presos.
Por último, pero no menos importante, la revisión de la Ley de Drogas de 2006.
Creemos que estas acciones abordarían activamente el problema del encarcelamiento masivo y sus consecuencias dañinas para miles de familias brasileñas. Vale la pena recordar que fue en las cárceles donde nacieron y prosperaron las facciones del crimen organizado, que atrajeron a miles de personas a prisión.
Tampoco es ninguna novedad que la estructura de las cárceles y la necesidad de supervivencia lleven a muchos delincuentes a la remisión o a atraer a otros conocidos, familiares y amigos. Romper estos ciclos requiere un compromiso de las autoridades públicas y de la sociedad civil para combatir la desigualdad, en todas sus formas.