Artículo en Folha de S.Paulo: «La seguridad del paciente depende de la aprobación de la Ley del Cannabis»
El siguiente artículo, escrito por la presidenta del Instituto Humanitas360, Patrícia Villela Marino, fue publicado originalmente en portugués en el diario Folha de S.Paulo el 13 de diciembre de 2022.
En el proceso democrático, corresponde al Estado comprender las necesidades de la sociedad y, a partir de ellas, crear soluciones sostenibles. Cuando esta armonía no se produce de forma fluida y automática, corresponde a la sociedad organizarse para señalar los problemas y señalar las direcciones para resolverlos.
Así fue exactamente como médicos, abogados, pacientes y familias ganaron el derecho al tratamiento con cannabis medicinal en Brasil. Y, hoy, luchan por una legislación que garantice este derecho a todos los brasileños, independientemente de la situación financiera de cada uno y del prejuicio originado en la demonización secular de la planta.
Cabe recordar que estamos hablando de un largo camino, que tuvo su primera victoria en 2014, cuando cientos de madres desesperadas hicieron públicos sus sentimientos de dolor y agonía derivados de la negativa del Estado a autorizar la única terapia eficaz para aliviar el sufrimiento de sus hijos.
Ese año, Anny Fischer, de 6 años, que padecía un raro síndrome genético que le provocaba 80 convulsiones a la semana, recibió la primera autorización oficial para importar cannabidiol para uso medicinal. La historia de resiliencia de la familia Fischer y muchas otras dio lugar al documental «Ilegal».
La decisión, entonces sin precedentes, abrió la puerta a la construcción de un mercado, regulado por Anvisa – Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, que actualmente cuenta con al menos 20 extractos de CBD – cannabidiol, una sustancia derivada del cannabis, sin efecto psicoactivo – autorizados para ser vendidos en las farmacias brasileñas, y aproximadamente 300 mil pacientes en tratamiento.
Fue también en 2014 cuando el Consejo Federal de Medicina (CFM) publicó las primeras orientaciones específicas para el tratamiento con cannabis. Restringía – y aún restringe – la administración a casos de epilepsia infantil refractaria por neurólogos y psiquiatras. En aquel momento, la sustancia se consideraba experimental.
En los últimos ocho años, las investigaciones avanzaron y probaron otras aplicaciones del tratamiento, como el dolor crónico del cáncer, la fibromialgia y la depresión.
Por este motivo, el mercado ya insistía en actualizar la norma de 2014. La CFM tardó ocho años en responder con la publicación de un nuevo reglamento, pero sin ningún avance que refleja la evolución de la medicina cannábica.
La sociedad civil no tardó en expresarse enérgicamente contra el retroceso del CFM.
Juristas y abogados formaron la Coalición de Defensa Médica, un grupo de 229 profesionales del sector, para publicar una carta de repulsa. La Sociedad Brasileña para el Estudio del Cannabis Sativa elaboró una petición que alcanzó las 170.000 firmas en dos días. Mientras tanto, en el Congreso, el diputado Paulo Teixeira (PT-SP) presentó una solicitud para anular la decisión del CFM.
Diez días después, la presión social hizo que se revocara la decisión, volviendo a la regulación de 2014. Este mes, la entidad ha abierto una consulta pública sobre el tema, abierta a médicos y a la sociedad en general.
No deben crearse leyes que impidan el desarrollo y el bienestar de la población. Deben ser orgánicos para facilitar la aplicación de los cambios sociales, impulsados principalmente por los avances de la investigación y la ciencia.
Recientemente hemos visto cómo se desarrollaba, fabricaba y distribuía a escala mundial la vacuna Covid-19 en menos de un año. En el mundo, esta agilidad se debió al trabajo conjunto de laboratorios y gobiernos. En Brasil, concretamente, la vacuna salvó vidas porque fue posible gracias al Sistema Único de Salud. Vimos a pobres y ricos en la misma cola para recibir la vacuna.
El periodo pandémico también puso de manifiesto el carácter idiosincrásico del Consejo Federal de Medicina. En pleno apogeo de la contaminación, se discutieron las posibilidades de tratamiento de los síntomas de la infección, entre ellas, la polémica cloroquina, sostenida por el actual gobierno y clasificada como ineficaz por la Organización Mundial de la Salud.
En este enfrentamiento, CFM defendió la libertad del médico para elegir el mejor tratamiento para su paciente, posición opuesta a la adoptada recientemente en relación con el cannabis medicinal.
Para que ningún paciente quede en la oscuridad de los ánimos y prejuicios que rodean el tema, es imperativo que el país vuelva a discutir la necesidad de una ley de facto que también proporcione acceso democrático al cannabis medicinal, como se hizo recientemente con la vacuna.
Por cierto, un nuevo estudio brasileño señaló que 58 mil personas, mayores de 60 años, no murieron precisamente por haber recibido la inmunización. Pero este grupo podría tener 47.000 personas más, si la campaña de vacunación no se hubiera politizado y adquirido un ritmo intenso desde el principio.
Ya es hora de desvelar el PL 399/2015, que regula el uso medicinal e industrial del cáñamo, un tipo de cannabis sin el efecto psicotrópico de la planta con la que se fabrica la marihuana.
Patricia Villela Marino
Fundadora y presidenta del Instituto Humanitas360 y cofundadora de Civi-co, un espacio de trabajo que reúne a emprendedores cívico-sociales.