Artículo en O Globo: «Es necesario revisar los límites al uso industrial del cáñamo»
El siguiente artículo fue publicado originalmente en portugués en el periódico O Globo el 25 de noviembre de 2024.
La reciente decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil, que autoriza la importación de semillas y el cultivo de cáñamo con fines medicinales, representa un hito en la política de drogas del país. Si bien este fallo abre caminos para el uso económico y terapéutico de la planta, debe ser analizado de forma crítica, ya que aún contiene limitaciones que exigen revisión.
La autorización es específica para el cáñamo, una variedad de la planta Cannabis que no produce efectos psicotrópicos debido a su bajo contenido de tetrahidrocannabinol (THC), el compuesto psicoactivo responsable de los efectos que alteran el estado mental y que se asocian al uso recreativo de la planta. Sin embargo, la decisión se limita a la producción de medicamentos y otros productos de uso farmacéutico, excluyendo otros usos industriales potenciales, como la producción de fibras, tejidos, bioplásticos y materiales de construcción.
Esto crea una contradicción con la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, de la cual Brasil es signatario. Esta convención exime al cáñamo destinado a fines industriales (fibra y semilla) de las restricciones aplicadas a diversas drogas estupefacientes. En su artículo 28, párrafo 2, el texto establece expresamente:
— “La presente Convención no se aplicará al cultivo de la planta de la cannabis destinado exclusivamente a fines industriales (fibra y semillas) u hortícolas.”.
Lo más irónico es que esta convención fue reglamentada en Brasil mediante el decreto nº 54.216, del 27 de agosto de 1964, firmado por el entonces presidente Castello Branco durante el régimen militar. Por todo esto, limitar la importación y el cultivo del cáñamo a la producción de medicamentos y productos farmacéuticos parece totalmente equivocado, con el potencial de generar una nueva ronda de disputas en los tribunales.
La decisión del STJ también transfiere a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) la responsabilidad de regular el cultivo, exigiendo la publicación de normas en un plazo de seis meses. La inseguridad jurídica persiste hasta que estas normas sean definidas, lo que pone en riesgo los avances logrados. Las empresas interesadas en el cultivo y procesamiento del cáñamo industrial esperan con gran expectativa, ya que la falta de regulación específica para este mercado en Brasil impide que el sector florezca, comprometiendo los potenciales beneficios económicos y sociales.
Desde una perspectiva global, el mercado del cáñamo está creciendo rápidamente, impulsado por las aplicaciones sostenibles de la planta, desde bioplásticos y tejidos hasta materiales como el hempcrete, una alternativa ecológica al concreto tradicional. Canadá y Estados Unidos ya han demostrado las oportunidades económicas y ambientales de este cultivo, que podría transformar a Brasil en un líder sostenible. Sin embargo, las restricciones mantenidas por el STJ ignoran este potencial y limitan el cáñamo a un nicho restringido, en lugar de aprovecharlo de manera amplia y estratégica.
El camino hacia la implementación plena y segura de esta decisión depende de regulaciones que protejan el derecho de las empresas y los pacientes al acceso a productos de cannabis medicinal, algo que ya está regulado por Anvisa mediante la Resolución de la Junta Colegiada (RDC) 660, que permite la importación de productos a base de cannabis por parte de los pacientes. Sin embargo, el reciente cabildeo de sectores de la industria farmacéutica que intentaron revertir esta regulación representa una amenaza al acceso democrático a tratamientos medicinales seguros. Limitar el cáñamo únicamente al uso medicinal representa un avance insuficiente y desaprovechado para un país con la biodiversidad y la capacidad agrícola de Brasil.
Es crucial que avancemos con una visión amplia y restauradora para el cáñamo. Es necesario garantizar seguridad jurídica y un mercado abierto a todas las posibilidades sostenibles y económicas que esta planta ofrece.
Patrícia Villela Marino es presidenta del Instituto Humanitas360 e integrante del Consejo de Desarrollo Económico y Social de la Presidencia de la República y del Consejo Nacional de Políticas Criminales y Penitenciarias del Ministerio de Justicia.
Ricardo Anderáos es periodista y director ejecutivo del PDR Fondo Filantrópico.