Despenalización de la posesión de Cannabis: Corte Suprema de Brasil logra avances tardíos e insuficientes mientras el Congreso prepara retroceso
Este miércoles (26), el Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió despenalizar la posesión de marihuana para uso personal, estableciendo un límite de 40 gramos o seis plantas femeninas de Cannabis sativa. El juicio, que tardó nueve años en completarse, representa un avance tardío en relación a la Ley de Drogas, que desde 2006 promueve la encarcelación masiva en Brasil.
Como han insistido varios expertos jurídicos y representantes de la sociedad civil, la ausencia de criterios para distinguir entre usuario y traficante en la Ley 11.343/2006 tuvo un impacto brutal en el sistema penitenciario brasileño: de 300 mil personas encarceladas en 2005, hoy hay 832 mil en las prisiones, según el Anuario de Seguridad Pública. Los más afectados por esta política equivocada fueron y siguen siendo, sobre todo, los negros, los jóvenes y los periféricos.
En este aspecto, la decisión del STF va un paso más allá, al establecer criterios objetivos para separar quienes consumen la droga de quienes la venden. Pero el “parche” al error de 2006 es insuficiente para resolver los efectos de la actual política de drogas, tanto los del pasado, que llenaron nuestras cárceles, como los del futuro. Basta recordar que, en la nueva decisión, el Cannabis sigue siendo una sustancia prohibida, por lo que su posesión para consumo personal (dentro de los límites establecidos) ya no constituye un delito, pero sigue considerándose ilícita, es decir, sujeta a sanciones administrativas.
El entendimiento alcanzado por la Corte tiene vigencia hasta que el Congreso Nacional legisle sobre la materia. Y aquí comienzan otros problemas, ya que el Senado aprobó, en abril, la llamada PEC de las Drogas, que va en la dirección opuesta a mejorar la legislación. En lugar de definir criterios objetivos y un debate informado, se optó por el puro y simple punitivismo criminal, incluyendo como delito en la Constitución la tenencia o posesión de cualquier cantidad de drogas. El proyecto pasa ahora a la Cámara, donde también ha prevalecido esta perspectiva regresiva.
Para Larissa Itri, consultora jurídica del Instituto Humanitas360, “ha habido una ceguera hermenéutica deliberada tanto en el Congreso como en la Corte Suprema, ya que existen innumerables estudios científicos que demuestran que la mera despenalización no resuelve los problemas derivados de las políticas de drogas. Al mantener la prohibición de la sustancia, se aleja a los consumidores del tratamiento público multidisciplinario y se incentiva el monopolio del tráfico de drogas por parte del crimen organizado. Aunque el STF ha avanzado hacia una propuesta de ‘solución’, sigue siendo ineficaz dado el escenario actual de la política de drogas”.
Comprometido con la defensa de políticas de resocialización de personas encarceladas y liberadas del sistema penitenciario en Brasil, el Instituto Humanitas360 busca promover una discusión franca y abierta sobre la política de drogas en Brasil y sus consecuencias, además de participar en el debate sobre los usos medicinales e industriales. de Cannabis. Este año apoyamos y estuvimos presentes en las audiencias públicas promovidas por el Grupo de Trabajo sobre Políticas de Drogas y Encarcelamiento, liderado por la presidenta del H360, Patrícia Villela Marino, junto con el Consejo Nacional de Política Penal y Penitenciaria. Los encuentros, realizados en Brasilia y São Paulo, reunieron a juristas, investigadores, profesionales del derecho y representantes de la sociedad civil para debatir la dirección de la legislación brasileña, siempre con base en estudios recientes.