El cooperativismo versus la esclavitud: la privatización y la explotación del trabajo carcelario en los presidios paulistas
Ricardo Anderáos
Vicepresidente del Instituto Humanitas360
La privatización de los presidios paulistas causó una guerra en los tribunales entre el gobierno estadual, de un lado, y la Defensoría Pública, el Ministerio Público y organizaciones como el Conectas y el Humanitas360 del otro. Entre varias agresiones a las constituciones federal y estadual, denunciadas por estas entidades, se destaca la forma como el Gobierno del Estado de São Paulo pretende explotar el trabajo de los presos.
Hace algunos meses que el ejecutivo paulista suspendió la operación de dos cooperativas de detenidos creadas en Tremembé, con alegaciones poco convincentes. La lectura atenta del documento de privatización revela sus motivos: el proyecto del gobierno permite que la empresa vencedora explote el trabajo de los presos para maximizar sus lucros. La autonomía emprendedora de las cooperativas de detenidos cuestiona este modelo.
La Ley de Ejecuciones Penales dice que el trabajo de los detenidos no es regulado por la Consolidación de las Leyes del Trabajo. Es papel del estado intervenir la explotación de esta mano de obra, ofreciendo como atractivo la exención de las obligaciones relacionadas a las leyes laborales. El proyecto del gobierno paulista permite que las empresas que van a administrar los presidios exploten estos beneficios. Sin embargo, las cooperativas le ofrecen al preso mucho más que trabajo. Son una opción para que, al salir de la cárcel, el exdetenido que difícilmente conseguiría un empleo pueda lograr sustento lejos del crimen, trabajando en un negocio que es suyo.
El gobernador João Doria afirma que las penitenciarías paulistas serán privatizadas “exactamente como en los EUA. Ahí funciona bien, aquí también funcionará”. Pero, el modelo de explotación del trabajo carcelario copiado por el gobernador paulista es el punto más problemático del sistema carcelario norteamericano. Hace un año que detenidos de 17 estados del país entraron en huelga denunciando la explotación análoga a la esclavitud a la que son sometidos.
Esta fue apenas la más reciente ocurrencia de un largo y triste historial. La 13era enmienda de la Constitución de los EUA, que abolió la esclavitud en el país en 1865, tiene hasta hoy la siguiente redacción:
“Ni la esclavitud ni la servidumbre involuntaria existen en los Estados Unidos o en cualquier sitio sujetado a su jurisdicción, excepto como punición por crimen por el cual el sujeto fue debidamente condenado.”
El texto lo esclarece: los EUA no eliminaron la esclavitud, pero la convirtieron en un negocio a ser explotado por su sistema de Justicia Criminal. Lo que a lo mejor ayuda a comprender por qué este país tiene la más grande población carcelaria del planeta.
A lo largo del siglo XX, el trabajo carcelario pasó a ser remunerado en varios estados norteamericanos. Sin embargo, sus valores son muy bajos (de US$ 1 hasta US$ 2 por día) y su carácter compulsorio (quien se niega a trabajar puede ir a una celda de confinamiento solitario) corrobora la analogía a la esclavitud que motivó la huelga del año pasado. La lista de empresas que ya se beneficiaron de este trabajo semiesclavo incluye marcas que utilizan el marketing del políticamente correcto, como Whole Foods y Starbucks, además de otras más grandes como Microsoft, IBM, Boeing, Victoria’s Secret, Dell y McDonalds, entre otras.
El proyecto de privatización del gobierno paulista, que tiene en este triste escenario norteamericano su referencia, está siendo cuestionado por dos acciones. La primera es tramitada en la Justicia estadual por la Defensoría Pública, el IBCCRIM (Instituto Brasileiro de Ciências Criminais), Instituto Terra, Trabalho e Cidadania y la Conecta Direitos Humanos. El Instituto Humanitas360, que se está juntando a esta acción como Amicus Curiae, protocolizó una segunda, en el Tribunal de Cuentas del Estado de São Paulo, solicitando la cancelación del proyecto por una serie de irregularidades técnicas. Van desde la falta de transparencia en la audiencia pública hasta a la falta de respeto a la ley de licitaciones.
La cuestión de fondo que opone el gobierno paulista a las organizaciones que se posicionaron contra el proyecto son sus distintas concepciones sobre el significado del trabajo. Para el actual gobierno paulista, el trabajo en la cárcel es una forma de punición, y así debe ser explotado. Para las organizaciones sociales, es una herramienta de recuperación del detenido para la vida en sociedad y una forma de evitar la reincidencia criminal, y como tal debe ser valorado.