Globo TV destaca la historia sobre obligaciones legales financieras y cómo perjudican la reinserción social de los reclusos
La exitosa historia de recuperación de derechos del exrecluso Emerson Ferreira se presentó en el noticiero SPTV, una filial de Globo TV en Mogi das Cruzes (una ciudad en el área de San Pablo). Emerson quedó libre luego de haber estado cinco años en prisión por tráfico de drogas. Sin embargo, como ocurre con muchos de los exreclusos, se les revocan sus derechos civiles al voto y a mantener su permiso de trabajo hasta no abonar una deuda al Estado. En este caso, Emerson tenía que pagar BRL 17,000.00 (USD 4,500.00). Emerson todavía tiene que pagar la deuda, pero al menos ya ha conquistado sus derechos como ciudadano.
Las obligaciones jurídicas financieras obligan a los exreclusos con la obligación de pagar un cierta cantidad de dinero para el fondo de la cárcel. Sin embargo, colocar a los exreclusos como deudores activos del Estado y revocar sus derechos civiles, los condenan al desempleo. Este castigo no tiene sentido ya que lleva a que los reclusos vuelvan a delinquir porque no se les permite volver al mercado laboral y buscan alternativas para subsistir.
A pesar de esas dificultades, debido a los esfuerzos de Emerson y el apoyo de Humanitas360 y otros, pudo lograr su título de licenciado en psicología y fundó la ONG Reflexiones de Libertad, que se dedica a prevenir que los jóvenes de comunidades marginadas se involucren en el crimen. El abogado Luís Fernando Beraldo, de la firma legal Podval, presentó el caso ante el Tribunal Electoral, reclamando que las deudas que se mantienen con el Gobierno -según la Constitución de Brasil- no permiten a los ciudadanos mantener su cédula de votante, y así poder tener pleno ejercicio de sus derechos.
Con el fallo dictado a favor de Emerson, el exrecluso puede ahora pagar por los documentos que necesita para tener pleno ejercicio de su ciudadanía y profesión, que incluye su cédula de votante, permiso de trabajo, matrícula del Consejo de Psicología y pasaporte. El caso es ahora un precedente para otros exreclusos que buscan restaurar sus derechos en el país.