Suspender las liberaciones temporales de presos es populismo penal, afirma la presidenta del H360 en entrevista

La siguiente entrevista, realizada por la periodista Valéria França, fue publicada originalmente en portugués en la revista Veja el 1 de marzo de 2024.

Con la mayor población carcelaria de su historia, más de 830 mil presos, el sistema penitenciario brasileño tiene grandes problemas, como hacinamiento, falta de infraestructura operativa y crimen organizado. A pesar de la complejidad de los problemas, los legisladores brasileños se han dedicado en los últimos meses a otra cuestión que no trae cambios efectivos al sistema penitenciario, ni aumenta realmente la seguridad de la población: cambiar el régimen de liberación temporal de los presos -la popular «saidinha»-, un derecho concedido únicamente a los condenados en régimen semiabierto. Permite a los delincuentes visitar a sus familiares, estudiar e incluso participar en actividades de integración social, cinco veces al año, sin vigilancia del Estado. El 20 de febrero, el Senado aprobó la PL 2.253/2022, que suspende esta prerrogativa. La votación contó con 62 votos a favor, dos en contra y una abstención.

Presentado por el diputado Pedro Paulo (PSD-RJ), inicialmente el proyecto derogó la Ley de Ejecución Penal (Ley 7.210, de 1984). Al llegar al Senado, la suspensión total del derecho fue revertida a parcial, mediante una enmienda aprobada por el senador Sergio Moro (União – PR). Las salidas se mantuvieron únicamente para los reclusos matriculados en cursos de formación profesional o en enseñanza secundaria y superior durante el tiempo necesario para las actividades y se suspendieron las salidas en días festivos. Los legisladores afirman que muchos delincuentes no regresan a prisión después de su fuga, lo que, según ellos, aumenta la inseguridad en la sociedad. PL 2.253/2022 regresó a la Cámara y luego pasa a aprobación presidencial.

La decisión de los senadores causó mucha controversia, ya que fue vista como un retraso en los derechos de esta población. No faltaron las críticas respecto a la justificación para no volver a las salidas. “Esta tasa es baja, menos del 5% de los presos no regresan a prisión”, replica la abogada Patrícia Villela Marino, fundadora del Instituto Humanitas360, una organización no gubernamental que trabaja en la rehabilitación de los presos. En una entrevista con VEJA sobre el tema, llama la atención sobre la suspensión de un derecho previsto por la ley, importante en la resocialización, que perjudicará a la mayoría de los reclusos que siguen las normas al regresar a la cárcel después de su liberación. Abajo, la charla con Patrícia, quien está entre muchos que no están de acuerdo con la decisión del Senado.

¿Considera la liberación de presos en fechas conmemorativas un privilegio o un derecho?
Las salidas temporales son un derecho, no un privilegio, y están previstas en la Ley de Ejecución Penal brasileña como mecanismo de resocialización. Contrariamente a la creencia popular, sólo se pueden autorizar liberaciones a personas encarceladas en régimen semiabierto y sujetas a una serie de criterios, como el tiempo mínimo cumplido y la buena conducta. La libertad temporal es un instrumento que prepara a la persona para salir de prisión, permitiéndole restablecer o fortalecer vínculos familiares y comunitarios, iniciar o retomar estudios y buscar formación profesional.

¿Cómo funciona en otros países?
Con diferencias en la forma de solicitud y los criterios exigidos, la salida temporal también existe en otros países, como Reunido Unido, España, Italia, Portugal y Francia. También es importante decir que la progresión del régimen y la existencia de mecanismos de resocialización no son exclusivos de la legislación brasileña, siendo ampliamente adoptados por otras naciones.

¿Es la tasa de no devolución de prisioneros tan alta como afirman los senadores? ¿Cómo es en otros países?
Como recordó Rafael Velasco, ex secretario nacional de Política Penal del ministro Flávio Dino, el porcentaje de menos del 5% de las personas arrestadas en Brasil que no regresan después de salir es bajo. Resulta que las pequeñas misiones exitosas de estas personas que parten temporalmente para visitar a su familia, estudiar y trabajar no reciben la misma atención por parte de la sociedad que las excepciones violentas, que son lamentables y deben ser monitoreadas de cerca, para que no sucedan de nuevo, pero que son –es importante subrayar– excepciones.

¿Qué le pareció la posición del Senado al aprobar la cancelación de la liberación de presos?
Es otra demostración más de populismo penal. Sin tener respuestas concretas a la crisis de seguridad pública, algunos de los congresistas –en este caso, desgraciadamente, la mayoría– prefieren ignorar los datos, dar la espalda a los expertos y prescindir del debate franco con la sociedad para ofrecer una solución fácil, espectacular y engañosa a un problema que requiere una mirada sistémica y compleja del mismo. Apostar por el régimen cerrado como solución al problema de la violencia y la criminalidad en Brasil es hacer la vista gorda ante lo que sucede hoy en nuestras cárceles. Cuantos más obstáculos crean los legisladores para la resocialización de las personas encarceladas, más empujan a esta población a volver a una vida delictiva.

Tienes mucha experiencia con mujeres en prisión gracias a tu labor social en Humanitas360. ¿Puedes decirme cómo ha resonado la noticia entre estas mujeres? ¿Qué dicen ellas?
Del trabajo que hemos desarrollado en el Instituto Humanitas360 en los últimos años, saco la conclusión de que en el sistema penitenciario brasileño hay una mayoría de personas que buscan una segunda oportunidad. Resulta que su voluntad individual no es suficiente. Para reiniciar sus vidas con autonomía y alejadas de la delincuencia, el Estado y la sociedad civil organizada deben contribuir activamente a construir alternativas, deshacer prejuicios y, paso a paso, devolver a esta persona a la vida social de manera digna, con acceso a la educación, la salud y al trabajo. Vea el número de personas privadas de libertad en Brasil. Ahora imagina cuántos son ex prisioneros. Pensemos en la cantidad de familiares afectados por esta realidad. Estamos hablando de millones de personas. Es un problema que concierne a todos.

¿Cuál sería la medida más adecuada para una situación como la que vive el país, donde los presos se escapan de cárceles de alta seguridad y con un alto grado de seguridad pública comprometida por el crimen organizado coordinado dentro de las cárceles?
La crisis de seguridad pública brasileña requiere una mirada sistémica a sus causas. El encarcelamiento masivo, el hacinamiento en las cárceles y la restricción de los mecanismos de resocialización crean las condiciones perfectas para hacer de las prisiones una especie de “escuela del crimen”, donde nacen facciones criminales y reclutan nuevos miembros. Redoblar esta lógica represiva no resolverá el problema, sino que lo alimentará. La lógica de la seguridad pública radica en la inteligencia, no en la represión. Además, es urgente discutir una revisión de la Ley de Drogas brasileña, camino hacia el que el Supremo Tribunal Federal parece apuntar con la sentencia sobre la posesión de Cannabis para uso personal. Los congresistas brasileños deben abandonar la búsqueda de dividendos políticos de corto plazo y madurar el debate sobre estos temas. De lo contrario, no afrontaremos el problema de frente.