Artículo en O Globo: «Es necesario cambiar el paradigma de los incentivos fiscales y de la filantropía»

El siguiente artículo, escrito por Patrícia Villela Marino y Priscila Pasqualin, fue publicado en la plataforma Prática ESG, de los periódicos O Globo y Valor Econômico, el 22 de marzo de 2023.

 

El Presidente de la República ha dicho que es necesario poner a los pobres en el Presupuesto y a los ricos en el Impuesto a la Renta. Trata de convencer a la gente de que este es el camino correcto, como si fuera la mejor manera de lograr la justicia social, la equidad, una mayor distribución de la renta, con una correlación simplificada entre el impuesto sobre la renta de los «ricos» y de los «pobres».

La ampliación de los exentos del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) y la tributación de los dividendos pagados por las empresas, es la vía que se ha anunciado. Se habla de aumentar el gasto público en políticas sociales. Puede que ésta sea una vía, pero desde luego no es la única.

¿No es hora de estimular a los «pobres» para que se sumen al presupuesto de los «ricos», cambiando la lógica de los incentivos fiscales que tenemos hoy, para que sean más eficientes en muchas dimensiones y no sólo en la financiera?

La filantropía es una forma de ejercer la ciudadanía y asumir un deber cívico-social, con responsabilidad y compromiso.

Una de las fuerzas importantes de la democracia es la presencia de una sociedad civil organizada. Y la tenemos. Hemos visto lo fundamental que ha sido en los últimos años, especialmente para reducir los daños causados a la salud, la educación, el medio ambiente, la cultura y los derechos humanos.

Durante la pandemia, hubo un aumento récord en el volumen de donaciones: se donaron más de 7.000 millones de reales. Esto refleja una sociedad rica en valores, vínculos y tejido social. Por tanto, más fuerte, más autónoma y, en consecuencia, más sostenible. Después de la pandemia, el volumen de donaciones cayó.

¿Cómo puede el gobierno brasileño fomentar la continuidad de esta cultura de donación y solidaridad más allá de estos momentos de crisis?

En los países más desarrollados, esta manifestación de solidaridad se ve con más frecuencia. No es de extrañar que el número de donaciones aumentara un 10% en las economías de renta alta tras la pandemia. Brasil también ha mejorado, habiendo pasado a la 18ª posición en el ranking mundial de donaciones, pero podemos ir más allá.

Se sabe que en otros países existen incentivos fiscales a las donaciones más simplificados y mayores que los nuestros. Como, por ejemplo, una política de incentivo a la distribución de la riqueza a través de la destinación de recursos a fondos patrimoniales o filantrópicos, fundaciones y asociaciones que tengan interés colectivo o público y no sólo a través de una alta tributación.

La experiencia internacional demuestra que la existencia de un sistema de creación de Fondos Patrimoniales combinada con la concesión de incentivos fiscales a los donantes crea un entorno fértil para el desarrollo patrimonial de los Fondos. También fomenta una cultura de donación dentro de un país como mecanismo de fortalecimiento de la sociedad civil y el desarrollo social.

Pero, ¿cómo confiar en que los recursos serán bien utilizados por las organizaciones que los reciben?

Debido a esta cultura de desconfianza, en Brasil, los incentivos fiscales son burocráticos y representan un destino del impuesto debido a proyectos previamente aprobados por organismos públicos.

El organismo público se encarga entonces de indicar qué tipo de proyecto puede recibir el recurso, seleccionar las organizaciones y exigir la rendición de cuentas. Al fin y al cabo, no se trata de una donación efectiva por parte de las personas, sino del destino de los recursos públicos: el impuesto que se debe pagar.

Como resultado, sólo el 1% de las personas que pueden utilizar estos beneficios en realidad lo hacen. En 2015, por ejemplo, los montos efectivamente donados con incentivos fiscales totalizaron R$ 78,5 millones, lo que corresponde al 0,45% del monto total que, en teoría, podría haber sido donado, si todos los declarantes utilizaran la totalidad de los incentivos fiscales disponibles.

Sabemos que cuanto mayor es la burocracia, mayores son las posibilidades de corrupción.

En los países en los que hay un mayor volumen de donaciones, el incentivo fiscal está más simplificado y no representa una asignación del impuesto a pagar, como aquí. La donación puede deducirse de la base de cálculo de la cuota tributaria. En la práctica, parte del recurso sale del bolsillo del donante y otra parte sale del bolsillo del Gobierno a través de la exención fiscal.

Con ello, el donante tiene una mayor participación en la elección de la institución donante, lo que puede conducir a un aumento del compromiso y del sentido de la responsabilidad para ayudar a los demás. En Estados Unidos, la deducción puede reducir del 20% al 50% de la renta imponible, según el tipo de institución beneficiaria.

Si seguimos el ejemplo, podríamos crear un incentivo fiscal que permita deducir de la base imponible del impuesto sobre la renta las donaciones realizadas a organizaciones de la sociedad civil. El mayor incentivo se daría cuando las donaciones se hicieran a dotaciones o fondos filantrópicos, con el objetivo de atraer recursos privados que sirvan como fuente perpetua de ingresos para las causas de la educación, la salud, la cultura, los derechos humanos y el medio ambiente.

¿Y qué hay de la supervisión del uso de los recursos? Aquí es donde podemos cambiar el paradigma. Corresponderá a las personas bien seleccionar las instituciones a las que van a destinar sus recursos, así como acompañarlas y comprometerse con ellas.

La Ley 9.790/99, que nació del fortalecimiento y profesionalización de la sociedad civil, liderada por Ruth Cardoso, ya preveía la obligación de amplia transparencia de los estados financieros y actividades de las organizaciones y la posibilidad de cualquier ciudadano de solicitar información y verificar el correcto cumplimiento de sus fines. La Ley de Fondos Patrimoniales, nº 13.800, también prevé el deber de amplia transparencia.

Investigaciones recientes sobre los resultados de las donaciones hechas con mayor libertad a las organizaciones de la sociedad civil muestran que éstas han aumentado su capacidad de gestión interna, fortalecido su liderazgo y aumentado el rigor estratégico de sus operaciones.

Un incentivo fiscal no burocrático que estimule al ciudadano a ejercer una filantropía comprometida y responsable puede crear un círculo virtuoso de mayor solidaridad, distribución de la riqueza y corresponsabilidad entre el Estado y los ciudadanos para el bienestar de todos, sin hacer de las políticas socioambientales una exclusividad del Gobierno.

Con esto, tal vez podamos colocar a los «pobres» en el presupuesto de los «ricos», en un verdadero ejercicio de compromiso cívico y socioambiental, generando una sociedad más rica en sus relaciones y bases sociales.

Sobre las autoras: Patrícia Villela Marino es presidenta del Instituto Humanitas 360; Priscila Pasqualin es socia de PLKC Advogados.