Creación del PDR Fondo Filantrópico, mantenedor del H360, destaca en revista Exame

El siguiente artículo, escrito por Natalia Viri, fue publicado originalmente en portugués en la revista Exame en enero de 2024.

Miembro de una de las familias más ricas de Brasil, Patrícia Villela no rehuyó causas urgentes –y espinosas. Al contrario, los abrazó. Casada con Ricardo Villela Marino, de una de las tres familias controladoras de Itaú Unibanco, fundado por su bisabuelo, la abogada es una de las más firmes defensoras de los derechos de las reclusas y ex prisioneras y, más recientemente, de lo uso medicinal del cannabis en el país.

Con una larga trayectoria de activismo realizado principalmente a través del Instituto Humanitas360, con incidencia para influir en las políticas públicas para lo que llama “poblaciones inviables”, la familia ahora reúne sus actividades filantrópicas e inversiones de impacto bajo un fondo de dotación de R$ 72 millón.

Es un vehículo similar a los endowments estadounidenses: el dinero se invierte y las donaciones se respaldan con intereses. Lo principal permanece intacto.

“Es una forma de hacer un compromiso generacional y asegurar que esta actividad sea sostenible en el largo plazo”, afirma Villela.

Llamado PDR, el fondo es el acrónimo de «Purpose Driven Resources» y también lleva las iniciales de Patrícia, Ricardo y su hijo Daniel, de 11 años, que acompaña a su madre en las visitas a las cárceles de mujeres desde que él tenía cinco años. “Siempre fue muy importante para nosotros que creara esta empatía con la cuestión de los derechos humanos”.

Además del capital aportado, el fondo también recibió el edificio CIVI-CO, un espacio de coworking en el barrio de Pinheiros, en São Paulo, que alberga varias ONG y startups con tesis de impacto. Los alquileres también se utilizarán para apoyar a instituciones sin fines de lucro.

Además de Humanitas360, el fondo también apoyará a Articuladora e Negócios de Impacto da Periferia, que creó un fondo de inversión en derechos de crédito (FDIC) centrado en negocios de impacto en las periferias de Brasil y financiará el Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas del Cannabis, el tema que más ha ocupado la agenda de Patrícia en los últimos años.

La abogada integra el Consejo de la Presidencia de la República, donde viene buscando generar conciencia en Planalto, además de trabajar en foros a nivel legislativo federal y estatal, proponiendo diseños de políticas públicas para liberalizar el uso medicinal del cannabis y el uso industrial del cáñamo.

“Para acceder al cannabis medicinal, las medicinas son muy caras. Estamos hablando del derecho a la vida de los pacientes más pobres, no tenemos derecho a retrasar la inversión en esto”, señala, añadiendo el potencial del uso del cáñamo para diversas aplicaciones industriales.

“El cáñamo és descarbonizador y estamos perdiendo la oportunidad de ingresar a una nueva economía debido al sesgo punitivo y moralista de nuestras políticas públicas”.

Más que garantizar la sostenibilidad de las donaciones, el PDR tiene una gobernanza orientada a darle más poder a las donaciones de la familia y a las inversiones de impacto.

Por ley, los ingresos provenientes de donaciones sólo pueden utilizarse para actividades sin fines de lucro. Pero la estructura del fondo también se utilizará para supervisar las inversiones de la familia en startups de impacto, aunque los recursos para ello procederán de un bolsillo aparte.

“Es una forma de darle más cohesión a nuestra estructura de activismo cívico-social”, afirma Villela.

Entre las startups del portafolio se encuentra Green Hub, una plataforma de innovación que sirve como una especie de acelerador para otras startups de cannabis en Brasil, de las cuales Patrícia y Ricardo son los mayores inversores.

También está Scirama Psychedelic Science, una startup de base biotecnológica para la investigación, desarrollo e innovación con compuestos y protocolos de psicoterapia asistidos con sustancias psicodélicas. “Apoyamos causas que los donantes tradicionales rechazan o ignoran”, afirma la abogada.

En la cartera también figuran el proprio CIVI-CO y Tereza, una empresa social que contrata cooperativas sociales de mujeres presas, liberadas del sistema penitenciario y víctimas de violencia doméstica para producir artesanías y artículos textiles -y que ya exporta a Europa y Japón.

El máximo órgano del PDR es su consejo directivo, formado por Ricardo, Patrícia y el maestro en relaciones internacionales y consultor Piero Bonadeo.

El comité de inversiones, que delibera sobre las aplicaciones financieras de los recursos, está integrado por Ricardo Villela Marino, el ingeniero Ricardo Amorim y el administrador de empresas y especialista en ciencia de datos Saulo Mendes de Almeida. La gestión de recursos es responsabilidad de Itaú.

Instrumento ampliamente utilizado fuera del país para financiar proyectos culturales, sociales y educativos -incluso por grandes universidades como Harvard y Yale-, las dotaciones han ido creciendo en el país tras la aprobación de la ley 13.800 en 2019, que las reguló.

“El instrumento ya era utilizado en Brasil, pero ganó más seguridad jurídica”, dice la abogada Priscila Pasqualin, de PLKC Advogados, una de las mayores expertas en el tema en Brasil y que trabajó en la estructuración del fondo de la familia Villela Marino.

Según ella, uno de los obstáculos para el avance del instrumento es que no hay exención para las inversiones financieras realizadas a través de estos fondos, como ocurre en otros países.

“Mi consejo y mi mensaje a los donantes es: quien pueda, que estructure sus acciones de manera duradera”, dice Villela. “Para ser filántropo no se necesita mucho dinero. Pero para provocar un cambio sistémico, se necesitan recursos y estructura”.