La PEC 45/2023 es un revés que perturba el debate público sobre las drogas, escribe la presidenta del H360

Aprobada por la Comisión de Constitución y Justicia del Senado el 13 de marzo, la propuesta de enmienda a la Constitución que establece como delito la posesión de drogas en cualquier cantidad es un retroceso legal, una abominación política y un enorme riesgo social. Confundiendo a la opinión pública con prejuicios y populismo penal, la medida refuerza los peores instintos de la guerra contra las drogas en Brasil, alejando aún más a los consumidores de tratamientos apropiados y arrojándolos a las celdas de nuestras cárceles superpobladas. Los objetivos siguen siendo los mismos: la población negra, pobre y marginada de las grandes ciudades.

Hoy en día, la Constitución ya trata el “tráfico ilícito de estupefacientes y drogas similares” como un delito que no admite fianza ni está sujeto a amnistía. La PEC en discusión amplía considerablemente este alcance, pasando a considerar la tenencia y posesión como un acto delictivo, independientemente de la cantidad de la sustancia portada. El intento de suavizar el texto de la propuesta, a través de una enmienda que sugiere reservar penas alternativas a la prisión para el consumidor, es vago e insuficiente, ya que para distinguirlo del narcotraficante se recomienda observar las “circunstancias fácticas del caso concreto”. Ahora bien, la falta de criterios objetivos está en el centro del problema de la actual Ley de Drogas, que, sin determinar la cantidad que separa al consumidor del traficante, deja la aplicación de la ley a la subjetividad policial, susceptible a prejuicios sociales y raciales históricos.

De esta manera, los congresistas quieren confirmar en la Constitución Federal un error que ya existe en la Ley de Drogas. La redundancia y los retrocesos son evidentes, pero también es una clara demostración de oportunismo. No es casualidad que esta PEC llegue en un momento en que el Supremo Tribunal Federal se acerca a una decisión detallada para despenalizar la posesión de drogas para uso personal –incluida la definición de la cantidad para identificar al usuario–, en una clara maduración del tema.

En reacción al STF, los congresistas se apresuran a perturbar el debate público, difundiendo ideas obsoletas bajo la fachada de “dureza contra el crimen”. Para ellos, la evidencia acumulada de que la guerra contra las drogas sólo profundiza los males que promete combatir no tiene importancia. También ignoran el impacto que la PEC puede tener en la salud pública, al impedir que las personas con dependencia química busquen un tratamiento humanizado. Se contentan con los dividendos políticos a corto plazo, a expensas de la sociedad en su conjunto. No podemos permanecer en silencio.

Patrícia Villela Marino, presidenta del Instituto Humanitas360